El monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la fuerza y el poder es un 'periódico de ayer'. El secreto a voces ya fue oficialmente revelado por dos reconocidos alcaldes de Puerto Rico.

Con sus recientes declaraciones en torno a la inclusión de narcos en procesos de negociación política, William Miranda Torres y José 'Chemo' Soto, alcaldes de Caguas y Canóvanas respectivamente, dejaron constatado que en la isla, ni siquiera el poder federal de los Estados Unidos tiene control sobre el narcotráfico y su 'gobierno paralelo' que opera en diferentes sectores de la isla.

Tanto Torres como Soto aceptaron que han conversado con líderes que controlan puntos de droga, con el fin de solicitarles una tregua de la conocida violencia entre bandos dentro de sus respectivas jurisdicciones municipales.

'Yo lo hago y no me importa. Esto es algo que hacen muchos alcaldes. Fui a hablar con los líderes del bajo mundo para mantener la paz durante las fiestas patronales', indicó Soto el martes en entrevista con la emisora radial NotiUno.

Por su parte, Miranda Torres hizo un acercamiento similar con un subalterno del narcotraficante Jaime 'Peluche' Dávila Reyes.

'Él estaba en la cancha y me le acerqué con las dos cartas para pedirle que pensara en esos niños. Ellos me reconocen como figura de autoridad y de sensibilidad. Tuve esa oportunidad, y pensé en las veces que la gente me había pedido que hablara con ellos. La gente del pueblo me reclamaba acción, los medios de comunicación me reclamaban acción', explicó Miranda Torres sobre la acción que propició que algunos sectores del país llegaran a plantear un supuesto vínculo entre el primer ejecutivo cagueño y el poderoso narco.

Curiosamente, y aunque estos alcaldes hicieran este tipo de acercamientos pensando en la paz de sus representados, lo cierto es que la mera acción de negociación constituye un reconocimiento de un poder paralelo al cual el Estado, ni sus instituciones 'legítimas' tienen 'jurisdicción' sobre sus 'leyes' y decisiones.

Ante esa 'ley de la calle' no existe la formalidad de tener representados que eligen democráticamente a los bichotes. El factor reconocimiento y la habilidad para liquidar la competencia serán vitales a la hora de ascender a la cima de ese 'gobierno paralelo' que no reconoce soberanía política alguna.

El público en general reconoce la existencia de este gobierno paralelo, pero no necesariamente legitima su poder. En todo caso, el miedo e incertidumbre instan a ciudadanos a solicitar la intervención de oficiales que sí ven como legítimos, tal y como sucedió con los vecinos de Caguas que le pidieron acción a su alcalde Miranda Torres.

Ante ese cuadro del funcionario electo que abiertamente negocia con el narco, creen que tal acción es ética desde el punto de vista político?

Se justifica en aras de proteger al ciudadano común y corriente, tal y como plantean estos dos alcaldes?

Cuán urgente es el desarrollo de nueva política pública en relación a la forma en que el Estado 'legítimo' visualiza y trata el asunto de la droga?

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