Veintidós años de litigio en tribunales, querellas en el Departamento de Educación, resoluciones administrativas, reclamaciones en regiones educativas y superintendencias, protestas y una frustración colectiva por el maltrato gubernamental a los niños de Educación Especial no han sido suficientes para que las necesidades de esta población, al menos, esten próximas a atenderse.

El Comité Timón de Madres y Padres de Niños con Impedimentos del Pleito de Clase de Educación Especial declaró un estado de emergencia ante la falta de diligencia del Departamento de Educación y de la administración gubernamental en respetar los derechos. A tres semanas de las elecciones, el grupo quiso dejar saber que el estudiantado de Educación Especial atraviesa una crisis nacional.

El cuadro que pintaron los padres que se reunieron en el Colegio de Abogados, en Hato Rey, para hacer la denuncia, fue dramático. Las lágrimas de madres que llevan años reclamando una justa ubicación y atención para sus niños denotaron la frustración en la que viven. 'Nosotros tenemos un ‘part-time en Educación', dijo Sheila González, mamá de un niño autista, en referencia a los esfuerzos para que este reciba las atenciones que requiere.

'Al estudiantado de Educación Especial se le está privando de un servicio educativo individualizado como requiere la ley', apuntó la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren. No se les realizan los Programas Educativos Individualizados a tiempo, les niegan la asignación de asistentes de educación especial o trabajadores I. Incluso, muchos de estos asistentes, no han recibido el pago de sus salarios desde el inicio del año escolar.

La evaluación y compra de equipo de asistencia tecnológica sigue siendo otro aspecto en el que el Departamento actúa con una lentitud agonizante, coincidieron los padres. Jinette Morales, madre de una niña de Síndrome de Down, lleva ya 11 meses esperando por el equipo que esta requiere. Advierte que cuando lo reciba, ya estará obsoleto y necesitará de otro.

Contratos millonarios para litigar contra los padres

Warren recordó que el gobernador Luis Fortuño aseguró antes de su elección de 2008 que terminaría el pleito de clase y se comprometió a no contratar bufetes privados para seguir defendiendo al gobierno contra los padres. Sin embargo, el bufete Aldarondo López-Bras ha asumido la representación del gobierno desde 2009 por contratos millonarios.

'Este bufete se ha caracterizado por interrumpir el seguimiento de las vistas del pleito de clase en el tribunal', sostuvo Warren. Señaló que han presentado mociones para no reconocer el incumplimiento en los servicios, por lo que la multa de $2,000 diarios no se paga desde marzo de 2011; exigen que se le devuelva lo acumulado en el tribunal al DE; pidieron que se destituyera a la monitora del tribunal, por lo que esta renunció y desde noviembre de 2011 nadie evalúa las inacciones de la agencia.

'El 29 de noviembre de 2011, el gobernador Luis Fortuño pidió perdón a la clase y garantizó que terminaría el pleito de 30 años para este cuatrienio. Sin embargo, a través de su bufete, sometió una moción que indicaba que no consideraba que hubiese daño psicológico, físico ni mental, por lo que a la clase no le correspondía indemnización alguna', destacó Warren.

Las llamadas de los padres para exigir los servicios no se contestan, los empleados pierden los documentos de los casos de los estudiantes y las querellas van a parar a una bandeja sin fondo, perdidas en una burocracia que parecería que no tiene remedio. Mientras tantos, los niños siguen sin ubicación, servicios, asistentes y tecnología; esperando.