La rama judicial de Puerto Rico deberá determinar si la Senadora Liza Fernández cumple con los requisitos dispuestos por ley, en terminos de los años de experiencia mínima en la profesión de la abogacía que una persona nominada necesita para convertirse en jueza.

La controversia surge a raíz de la confirmación que el Senado de Puerto Rico hiciera ayer avalando la nominación de Fernández como Jueza Superior.

A tales efectos, hoy se celebró una vista en el Centro Judicial de San Juan para atender las solicitudes de interdicto que los abogados, Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo, pidieron al tribunal con el propósito de que esta rama de gobierno ordenara el cese y desista de Fernández.

Según la parte demandante, la nominación de Fernández viola la Ley 261 de 2003, también conocida como la Ley de la Judicatura.

En específico, los abogados litigantes plantearon que nombrar a la saliente senadora del Partido Nuevo Progresista como integrante de la rama judicial, constituiría una violación al artículo 5.002 de dicha ley, la cual estipula que toda persona debe tener un mínimo de siete años en el ejercicio de la abogacía antes de cualificar para convertirse en juez.

'La frase ‘ejercicio de la abogacía' está atada a experiencia profesional. Liza Fernández estaba actuando bajo una ley que declaraba incompatible la práctica legislativa con la de la abogacía', argumentó Albaladejo a su salida de sala.

A pesar de su oposición al controversial nombramiento de Fernández, la parte demandante descartó que su movida ante el tribunal se trate de una con connotaciones político-partidistas.

Según Albaladejo, el gobernador tiene la facultad de nombrar a las personas que él identifique como capacitadas para puestos públicos.

'El señor gobernador tiene la discreción de nombrar a quien quiera, pero no puede designar a los no-abogados. Esta situación con la senadora Fernández no se ha ejercido de acuerdo a la Ley de la Judicatura', comentó Albaladejo durante su ponencia en plena vista judicial.

Por su parte, el representante legal del Senado, Rolando Silva, defendió la experiencia legal de Fernández al indicar que sus años de servicio en la Asamblea Legislativa cuentan como prácticas compatibles con el ejercicio de la abogacía.

'Ella (Fernández) ha presidido vistas y adjudicado casos como legisladora. Esas son funciones de abogado', declaró Silva minutos después de concluida la vista.

La vista judicial culminó con una sentencia parcial en la cual el Juez, Ángel Pagán Ocasio, hizo un decreto de archivo por consentimiento, luego de que la parte demandante sacara del pleito al Senado, así como a los senadores Thomas Rivera Schatz y Roger Iglesias.

No obstante, Fernández continúa apareciendo como una de las demandadas, junto al Juez Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, la Administradora de Tribunales de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el gobernador, Luis Fortuño.

Todas las partes involucradas en el caso tienen hasta mañana a las 12:00pm para presentar sus respectivos argumentos, en torno al debate de si Fernández cumple o no con los siete años de experiencia que se le requiere a toda persona antes de asumir un rol como jueza o juez de Puerto Rico.