A pesar de que el informe de la Junta de Seguridad del Ejercito de los Estados Unidos encontró serias fallas del personal y superiores de la Guardia Nacional (GN) por el accidente en helicóptero ocurrido el 20 de diciembre de 2010, y que le costara la vida al fiscal Mario Torres Marín, el nuevo Ayudante General de dicho cuerpo militar prefiere no opinar sobre la demanda por negligencia radicada por el hijo del fenecido hombre.

De acuerdo al coronel Juan José Medina, por tratarse de una demanda en contra del gobierno federal solamente, no puede haber posición o reacción de la GN, por ésta no estar implicada en el documento legal radicado por el vástago de Torres Marín, quien aparece identificado sólo por sus iniciales de GITR.

'La posición de nosotros ante la demanda es ninguna. No estamos incluidos en la demanda. Siempre hemos apoyado las familias que han estado en accidentes. Siempre hemos mantenido esa postura. La investigación terminó hace un año', dijo Medina en breves declaraciones que le hiciera a NotiCel cuando se le preguntó sobre el accidente y la demanda.

'A base de esa información, la demanda per se, no es contra la Guardia Nacional', añadió Medina.

La demanda radicada por el hijo de Torres Marín fue por $6 millones, y se sustenta en el alegato de que el gobierno federal permitió que el funcionario viajara bajo condiciones del tiempo deplorables y en una nave no apta para operar.

Se alega que hubo 'muerte errónea' y negligencia en la autorización del vuelo del helicóptero Lakota que se dirigía a Vieques con el propósito de realizar un operativo en conjunto entre las autoridades federales y locales. El helicóptero se estrelló cerca de Río Grande y cobró la vida de Torres Marín y otras cinco personas.

Una de las controversias en torno al accidente y su posterior investigación radica en el hecho de que el ahora ex Ayudante General de la GN, Antonio J. Vicens, alegó inicialmente que no había leído el documento y luego no quiso mostrarlo ante las familias de las seis víctimas fatales, argumentando una supuesta confidencialidad.

La demanda, sometida por el licenciado Juan Martínez Luciano, sostiene que las condiciones del tiempo eran ventosas y severas, y que era evidente que el riesgo de intentar hacer el viaje era mayor que la justificación.

'A pesar de eso, los demandados ordenaron que el helicóptero despegara de todas maneras, a pesar de arriesgar irrazonablemente la vida de los que iban a bordo', lee la demanda.

Además, la parte demandante plantea que los implicados solicitaron que se removiera el aire acondicionado del helicóptero para poder acomodar más pasajeros, y que no se tomó en consideración aspectos tales como la adaptación de la nave a las condiciones del tiempo, así como la experiencia del piloto en el manejo de este tipo de escenarios.

'No hay duda que la negligencia de los demandados de autorizar proceder con el operativo bajo las severas condiciones del tiempo, con equipo deficiente, inapropiado o ningún entrenamiento y ordenar la modificación del aparato causaron el fatal accidente', puntualiza el pleito.