Con beneplácito, pero vigilantes, han reaccionado varios grupos activistas de los derechos humanos al anuncio de que los representantes populares Luis Vega Ramos, Jose Báez y Carlos Vargas radicaron un proyecto para que la aplicación de la Ley 54 en contra de la Violencia Domestica sea extensiva a todo tipo de parejas, sin importar estado marital u orientación sexual.

El anuncio de los legisladores, que calca unapropuesta que realizó en 2011el Movimiento UniónSoberanista(MUS), llega después de varias controversias en años recientes por decisiones judiciales en las que no se aplicó dicha ley a una pareja debido a que eran adúlteros.

Esto es 'una nueva oportunidad para que hagamos lo correcto como país: Reconocer todos los amores, todas las familias y su vulnerabilidad ante la violencia en relaciones de pareja. Ya era hora', subrayó la directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, quien también dijo que el acto merecería que Vega Ramos salga de la lista de nominados a los Premios a las Joyas Machistas que la entidad otorga anualmente.

Según Pagán, tanto Matria como otras organizaciones feministas darán seguimiento al Proyecto de Ley y llevarán un registro de las expresiones que tanto legisladores como funcionarios de la rama ejecutiva hagan al respecto. 'Ya hemos dicho que las mujeres no olvidamos. En este cuatrienio estaremos pendientes de quiénes actúan a favor de nuestros derechos humanos y quiénes se dejan intimidar por grupos conservadores y machistas', añadió la abogada.

'Desde que nuestro Tribunal Supremo, a través de las criticadas decisiones Pueblo v. Ruíz (2003) y Pueblo v. Flores (2011) , resolviera que personas de la comunidad LGTTBQ y en relaciones extramaritales no estaban cobijadas por la Ley 54, los colectivos de derechos humanos hemos solicitado que se enmiende dicha Ley para asegurarnos la protección de todas las víctimas de violencia doméstica, independientemente de su estado civil u orientación sexual. Reiteradamente hemos sostenido que la Ley 54 no puede ser implementada de manera discriminatoria; que todas las personas tienen derecho a vivir en paz', sostuvo por su parte la Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Puerto Rico, Verónica Rivera Torres.

'En nuestro ordenamiento de derecho, no debe haber cabida al discrimen ni la intolerancia. Ya es hora. Es tiempo', añadió.

'Nos llena de entusiasmo y alegría este paso hacia la equidad. No hay duda de que el Estado debe conferir la misma protección a todo tipo de parejas. Éste tiene como deber indelegable proteger la vida, la integridad física y emocional de los ciudadanos y las ciudadanas, no emitir juicios valorativos fundamentados en una moral excluyente y discriminatoria', afirmó además la licenciada Mariana G. Iriarte Mastronardo, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR).