El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concurrió con la recomendación del exsecretario de Justicia, Guillermo A. Somoza Colombani, quien recomendó que no se asigne un Fiscal Especial Independiente contra el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

El exsecretario, representado por la subsecretaria, licenciada Edda Serrano Blasini, le comunicó al PFEI que, luego de que su departamento evaluara toda la prueba recopilada 'entiende que no existe causa suficiente para concluir que el señor Miranda Torres violó las disposiciones del Código Penal, Artículos 255, 257, 261, 265 y 266, ni la ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico (2012).

La presidenta del PFEI, licenciada Nydia M. Cotto Vives, indicó que este caso se relaciona con una querella juramentada presentada por la ex senadora Norma Burgos Andújar en la que alegó que un policía participó en una actividad del Partido Popular Democrático (PPD) en una motora oficial de la Guardia Municipal de Caguas.

Igualmente, denunció que otro policía municipal era empleado de la Cámara de Representantes sin estar bajo una licencia sin sueldo y que un teniente de dicho cuerpo municipal disfrutaba de tiempo compensatorio mientras asistía en la escolta del candidato a Comisionado Residente del PPD.

Agregó que la investigación del Departamento de Justicia concluyó que no hay prueba que vincule directamente al Alcalde de Caguas con estos eventos. En el marco de esa determinación se especifica, por ejemplo, que el tiempo compensatorio que disfrutó el oficial de la Guardia Municipal lo acumuló antes de ser supervisor y para esa fecha el señor Miranda Torres no era alcalde de Caguas.

La licenciada Cotto Vives, informó que a base de los hallazgos y recomendaciones de la investigación preliminar del Departamento de Justicia, el PFEI acogió sus términos y recomendaciones y resolvió no designar un Fiscal Especial Independiente, por lo cual ordenó, el 10 de enero de 2013, el archivo definitivo de este asunto.

De otra parte, Cotto Vives informó que el PFEI concurrió con la recomendación del exsecretario Somoza Colombani, a fin de que ese organismo no realice una investigación contra la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón ante una alegada comisión de delitos de los Artículos 251 y 252 del Código Penal de 2004.

Explicó que los hechos que motivaron el señalamiento contra la ex presidenta cameral se remontan al 17 de julio de 2012 cuando se recibió en el Departamento de Justicia una querella bajo juramento suscrita por los representantes Jaime Perelló Borrás y Roberto Rivera Ruiz de Porras, quienes alegaron que González Colón expresó que los referiría a la Comisión de Ética de la Cámara y a otros organismos por amedrentar a empresarios que licitarían el contrato del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Los legisladores alegaron en su querella, que la expresidenta cameral incurrió en 'expresiones irrespetuosas e indecorosas en su contra y además empleó violencia e intimidación contra la autoridad pública y obstruir o demorar las actuaciones de los funcionarios públicos, respectivamente'.

La presidenta del PFEI indicó que la investigación de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia concluyó que de la prueba no surge que las actuaciones de la ex presidenta cameral entorpecieron el ejercicio de las funciones de los dos legisladores. Asimismo, las actuaciones imputadas no contienen los elementos necesarios para que se configure el empleo de violencia e intimidación, según tipificados en el artículo 251 del Código Penal.

Añadió que el informe del Departamento de Justicia concluyó que no se configuraron los elementos del artículo 251 del Código Penal pues 'no se dio ninguna orden (por la representante González Colón) y menos aún nadie se resistió a cumplir un deber u orden'.

A tenor con los resultados y fundamentos de esta investigación, el PFEI decidió no asignar un Fiscal Especial Independiente en este caso y ordenó, el 10 de enero de 2013, su archivo definitivo.