Los fondos para sufragar el credito energetico propuesto por la nueva administración de Alejandro García Padilla, dentro de la Ley de Empleos Ahora, fue el punto de la controversia entre la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) de la Cámara de Representantes, durante las vistas públicas para evaluar dicha Ley.

Insistentemente, los representantes del PNP cuestionaron el efecto para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y la posible factura a los ciudadanos, sobre la otorgación de dicho crédito energético a los negocios, que es hasta $2,000 en el primer trimestre.

El designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, dijo que 'la Autoridad de Energía Eléctrica no se va a ver afectada por ningún mecanismo (de la Ley)....Quien tiene el efecto es el Departamento de Hacienda, que no va a recibir las retenciones de ese empleado nuevo'.

Sin embago, planteó que en estos momentos el Departamento de Hacienda no recibe estos recaudos, porque esa persona que se empleará bajo esta Ley está ahora mismo desempleada.

A preguntas del representante Antonio 'Toñito' Silva, el funcionario no pudo precisar un estimado del costo de los distintos beneficios que promueve la nueva Ley.

No obstante, el designado director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Francisco Chévere, dejó claro que 'si no hay los fondos disponibles de la Ley 52 ni de WIA, tiene que salir del Fondo General... La generación de empleos representa ahorros millonarios al erario en el pago de desempleo'.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, Luis Raúl Torres, despachó los cuestionamientos de los miembros de la minoría, afirmando que 'ese número (costo subsidio crédito energético y subsidio salarial) lo va a traer la Secretaria de Hacienda (Melba Acosta) y el Secretario del Trabajo (Vance Thomas). Ellos (equipo económico de la nueva administración) van a promover la creación de empleos, no esta parte financiera'.

De otro lado, distintos sectores, como la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), levantaron preocupación con que en la otorgación de incentivos no se le de una distinción a las PYMES, cosa que advierten seguirá fomentando un ambiente empresarial desbalanceado en el país.

Sobre la calidad del empleo

Bacó afirmó durante las vistas públicas, que 'todo empleo en Puerto Rico es importante. Aquí hay que ofrecer empleos tanto a las personas que han hecho una maestría, como a quien no ha podido estudiar'.

A su juicio, esta legislación es una iniciativa 'novel', cuyo principal enfoque es 'reencender la economía', y que los ingresos que generen estas empresas se queden en Puerto Rico.

Bacó detalló que al momento hay negociaciones para que una compañía de servicios hipotecarios pueda crear entre 300 a 400 empleos.

Para que los empresarios accedan a los beneficios de la Ley, deberán crear una cantidad específica de empleos. Entre los beneficios destacan: descuento de un 50% en las primas pagaderas a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, un subsidio salarial de hasta un 25% durante 18 meses por la contratación de cesanteados por Ley 7, y un crédito energético por cada empleo nuevo creado.

'Este Proyecto viabiliza la generación de empleos impactando positivamente la economía de nuestro País. Sectores que han sido seriamente afectados como el sector agrícola, la industría de la construcción, la industría financiera, podrán volver a impulsar la economía de Puerto Rico', argumentó Bacó.

De otro lado, el designado director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Francisco Chévere, reiteró que con esta Ley se busca fortalecer al sector empresarial para la creación de empleos 'sostenidos y balanceados del país'.

Según Chévere, el crédito energético se va a diseñar con un mecanismo de reembolso entre el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Del mismo modo, el subsidio salarial será reembolsado por medio del Negociado de Fomento de Empleo, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

De acuerdo a Chévere, la reducción del bono de Navidad solo aplicará a los negocios nuevos. Por ejemplo, los negocios con 16 empleados o más, pagarán $200 durante el primer año, $400 durante el segundo año y $600 en el tercer año.

Tanto Bacó como Chévere aseguraron que la misma Ley establece penalidades y mecanismos de fiscalización para garantizar que, tras la otorgación de los beneficios, se van a crear los empleos. La meta de la nueva administración es crear 50 mil empleos en 18 meses.

Chévere mencionó que la Compañía podría estar requiriendo informes juramentados de la nómina de cada negocio en un período de cada 30 días. De igual forma, se espera que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Oficina de Permisos, asista en este proceso de auditoría.

De las empresas no cumplir, se le pueden revocar los beneficios, indicó Chévere.