Joel Rivera, el representante de la designada secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, estimó que el costo por la otorgación del credito energetico que promueve la Ley de Empleos Ahora es de $58 millones. De otro lado, de arranque, la nueva medida para incentivar la creación de empleos, enfrenta problemas de financiamiento, que pudiera conllevar a mayores contribuciones

Durante las vistas públicas de la Comisión de Desarrollo Socio-Económico y Planificación de la Cámara de Representantes, Rivera manifestó que el Departamento de Hacienda debe reembolsar el 50 % a la Autoridad de Energía Eléctrica por el crédito energético. La manera de hacerlo es que el patrono, acogido a la Ley, retendrá las contribuciones por ese empleo nuevo para el pago de la factura de la electricidad de ese negocio.

Rivera explicó que 'nuestro estimado preliminar del monto total de créditos, que pudiese otorgarse durante el periodo de vigencia de este proyecto de ley, se estima hasta $58 millones durante la vigencia de la ley, sin considerar el total incremental de recaudos durante ese mismo periodo'.

La afirmación de Rivera contrasta con el estimado de $100 millones que trascendió cuando el gobernador Alejandro García Padilla presentó la Ley. Este estimado estaba basado a si se producían los 50 mil empleos nuevos prometidos por García Padilla, y se le daba por cada uno un crédito energético de $2,000.

De hecho, Rivera agregó que 'debido a la dificultad de nuestra parte de estimar responsablemente el total de nuevos recaudos que esta iniciativa pudiese crear, específicamente cuando el efecto fiscal de esta medida descansa sobre una premisa de actividad económica incremental y los empleados con sueldos menores de $20 mil, no estará sujeto al pago de contribución por el ingreso ganado'.

Como ya había reportado NotiCel, de los sobre 10 mil empleos a los que ya se comprometió con crear el sector privado, alrededor de un 98 % son en supermercados, establecimientos de comida rápida, restaurantes y tiendas. En muchas instancias estos empleos son a tiempo parcial y con el salario mínimo federal.

Al ser abordado por NotiCel sobre los cuestionamientos que se han levantado en torno a la calidad de estos empleos y el reclamo de que se ha dejado a un lado al sector profesional con estudios y experiencia laboral, el designado secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Vance Thomas, señaló que 'mi compromiso es con todos, si vienen sectores profesionales a pedir incentivos y cualifican para los incentivos, se les dará. Por eso es que yo digo que el tipo de empleo que se va a crear bajo estos incentivos, va a depender de quien venga a solicitarlo. Nosotros no tenemos control de quien viene a solicitarlos'.

Por otra parte, Thomas afirmó esta mañana, miércoles, en las vistas, que parte de los incentivos que promueve la Ley serán gestionados por el Negociado de Fomento de Empleo del Departamento, mediante una solicitud del patrono a la Ley 52.

De acuerdo a Thomas, al momento, el Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo de la Ley 52, cuenta con $5 millones, pero en un aparte con este medio digital, reconoció que ese dinero no se puede usar para sufragar los incentivos de la Ley.

'Esos $5 millones no están comprometidos con nadie, pero solamente se pueden utilizar para extenderle contratos a los que ya tienen. De inmediato no (pueden ser utilizados para la Ley)', aceptó Thomas.

Por el momento, el funcionario mencionó que la nueva administración puede usar los fondos de la Ley 82, que se nutre de los pagos de ciertas contribuciones patronales como el Seguro Choferil, para costear estos incentivos; pero este pote apenas llega a una cifra entre los $2 a $3 millones. Según Thomas, los patronos comenzarán a suscribir contratos con el Gobierno para la Ley a partir del próximo febrero.

Thomas estimó que las proyecciones son que este Fondo ascienda a $60 millones en el próximo ciclo que comienza en febrero, pero no estarían disponibles para usarse para la Ley hasta verano. El fondo de la Ley 52 se nutre de una contribución especial que pagan los patronos acogidos a la Ley de Seguridad en el Empleo.

De otro lado, aclaró que los fondos de WIA son principalmente para readiestramientos y para personas desplazadas.

Ya el designado director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, Francisco Chévere, había adelantado ayer que de los fondos de la Ley 52 ni del WIA estar disponible, los incentivos deberían ser sufragados con el Fondo General, cosa que Thomas no refutó.

'Bueno claro, obviamente nosotros tenemos los fondos que tenemos. Si van a dar o no, va a depender. Vamos a ver cuántas personas someten acuerdos de empleos y cuántos van a ir a esos incentivos. Porque a lo mejor algunos que suscriban acuerdos de empleos no necesitan o no quieren esos incentivos por alguna razón. Es muy difícil (establecer si los fondos del Departamento del Trabajo serán suficientes para sufragar los incentivos sin tener que recurrir al Fondo General)', puntualizó Thomas a NotiCel.

Para Thomas, el hecho de que los por cientos de los subsidios sean limitados, por ejemplo, el incentivo para los patronos que empleen a una persona cesanteada por Ley 7 es de un 25 % por 18 meses, permite que se creen más empleos de lo que generalmente ocurre con la Ley 52.

Sin embargo, su aseveración de que el Fondo General podría tener que sufragar estos incentivos, abre el espacio a un aumento en las contribuciones o el establecimiento de nuevos impuestos.

Hoy, Rivera, el representante de Hacienda, solo se limitó a decir que 'es importante destacar que un análisis de impacto al Fondo General, conlleva la evaluación de los ingresos o los gastos que una medida requiera. La postura del Departamento de Hacienda es cónsona con su función principal como recaudador de las contribuciones que ingresan al Fondo General. Ahora bien, la asignación presupuestaria e identificación de fondos para cumplir con determinado programa de gobierno se encuentra dentro del campo de pericia de la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto)'.

La reducción del bono de Navidad no es quitar derechos, según Secretario del Trabajo

Finalmente, sobre el beneficio de que los patronos puedan pagar los bonos de Navidad de cada empleado nuevo de manera escalonada, Thomas opinó a la prensa que el 'impacto es mínimo'.

Los patronos que suscriban acuerdos con el Gobierno a través de la Ley, podrán pagar solo $200 de bono de Navidad durante el primer año, $400 en el segundo año y $600 en el tercer año.

'No se le está quitando un derecho adquirido (al empleado), porque él sabe que cuando entra, esa condición existe ya, y es por 3 años', determinó Thomas.

A preguntas de este diario digital, dijo que este beneficio aplica a todos los empleados nuevos.

Cuando se le insistió si es solo para negocios nuevos, como replicó Chévere o era también para negocios existentes, Thomas tuvo sus dudas, y expresó que 'tendría que revisarlo y hacer una lectura de la Ley de nuevo, y hacer esa aclaración. No me atrevo a hacerte una contestación tajante, porque yo francamente te confieso que yo no había hecho la distinción, porque para mi es importante el espíritu de que se cree el empleo. Seria más lógico que aplicara a todos los empleos nuevos, que seria cónsono con el espíritu del proyecto', dijo.

Al momento no pudo estimar cuántas empresas se pudieran acoger al pago del bono de Navidad de manera escalonada.

Por su parte, el representante del Partido Nuevo Progresista, Waldemar Quiles Rodríguez, arremetió contra la administración de Alejandro García Padilla, por querer otorgar millones de dólares en créditos energéticos a las grandes empresas mientras se le aumenta la electricidad a los consumidores individuales para sufragar dichos subsidios.

'Este es el comportamiento de siempre del Partido Popular Democrático. Hablan por un lado de unas cosas y hacen otras por el otro lado, y a espaldas del Pueblo. Todos tenemos que preguntarnos como es posible que se esté hablando de brindar millones de dólares en créditos por uso de energía a grandes compañías, mientras que hoy nos enteramos por la prensa que también quieren subir la luz. La formula para los populares es sencilla: que la clase media pague los incentivos a las multinacionales', señaló Quiles Rodríguez, mediante comunicado de prensa.

El pasado diciembre alrededor de 768 patronos habían solicitado al Departamento que se les eximieran del pago del bono de Navidad, de lo que aceptaron 584 solicitudes.