Tres representantes del Partido Popular Democrático (PPD) exigieron a los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) que renuncien a sus puestos, una petición que ya ha hecho sin exito el gobernador Alejandro García Padilla.

Ello ante el anuncio de que unos 900,000 abonados tendrán que pagar en febrero un aumento de $15 debido a los subsidios artificiales que aprobó el organismo bajo la pasada administración del Partido Nuevo Progresista que provocó una reducción para los últimos tres meses del año eleccionario .

NotiCel les preguntó a los representantes Víctor Vassallo, Nelson Torres y Carlos Bianchi Angers si le exigirían a García Padilla que tome acción inmediata destituyendo a los miembros de la Junta a lo que respondieron que no se lo exigen, pero sí se lo recomiendan.

'Esto (el aumento) es parte verdad. Ahora estamos viendo cómo esta Junta ha sido tan dañina para el pueblo de Puerto Rico. Estamos viendo que esta Junta sencillamente no laboró para el bien de Puerto Rico ni para el bien de los abonados y yo entiendo que ellos deben renunciar inmediatamente y van a ser investigados y de eso es que se trata', dijo Vasallo en rueda de prensa.

Bianchi Angleró, por su parte, reconoció que García Padilla no tiene la facultad para destituir a los miembros de la Junta, aunque ya unos cuantos como el ex presidente José Ortiz, renunciaron.

'La Junta de Gobierno es tan cómplice de la mentira que ocultó Josué Colón y deben asumir la misma posición que asumió el ingeniero José Ortiz y el ingeniero Josué Colón y entregar las posiciones en la Junta de Gobierno al gobierno actual que tiene el compromiso real con la gente de bajarle el costo de la energía', destacó el legislador.

'Si no han tomado acción y no le responden al país y a los intereses de la gente deben entregar esas posiciones al Gobernador para que nominemos personas capacitadas, comprometidas con el país y bajarle el costo de energía a los consumidores', destacó.

Este diario digital insistió en que si le reclamarían acción al Gobernador para que inicie un proceso conducente a la destitución de esos funcionarios nombrados bajo la administración Fortuño.

'Nosotros no le exigimos, nosotros vamos a recomendar al Gobernador que de inmediato le pida la renuncia a estas personas porque no está en manos del Gobernador despedirlos. Yo creo que el Gobernador tiene en los próximos días que exigirle a los miembros de la Junta, especialmente a la planificadora Norma Burgos, que salgan de forma voluntaria (de la Junta)', sostuvo.

Por otro lado,Vassallo emplazó al Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y al gobierno federal que investiguen los contratos por $190 millones concedidos al ex vicepresidente de la AEE, José Pérez Canabal, socio de la empresa Jonas Solar Energy.

'Que el escándalo desatado por José Pérez Canabal, otorgando contratos a la compañía Jonas Solar Energy de las que aparentemente era socio con Roberto Torres Torres, fueron actos que quedaron sin esclarecer en la pasada administración… a Pérez Canabal lo dejaron sin puesto, pero le aseguraron el guiso, pues el contrato de Jonas Solar Energy todavía está vigente', denunció el legislador.

Recordó que el ex gobernador Fortuño supuestamente hizo un referido al Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental para que investiguen y ninguna de esas dependencias ha hecho nada al respecto.

'Hacemos un llamado a las autoridades de rigor para llevar hasta las últimas consecuencias unas investigaciones en la AEE que arrojen luz sobre las posibles transacciones fraudulentas por parte de un ex funcionario, las cuales menoscaban la confianza del pueblo en esta corporación pública',sentenció el representante.

Mientras, el representante Torres pidió que se investigue a todo empresario a los que la AEE le haya otorgado contratos para la compra de energía renovable (POPA'S, por sus siglas en ingles), cuya naturaleza encarecen el costo por energía, y por ende, afectan el bolsillo del abonado.

'Bajo estos contratos el costo a quien va a afectar directamente es a los consumidores y pequeños y medianos comerciantes… esos contratos deben ser cancelados porque a nuestro entender son contrarios a la moral y al orden público', puntualizó.