El grupo G-8 presentó un proyecto de ley en la mañana del miercoles que permitirá retomar el control de 200 cuerdas de terrenos que le fueron incautadas alegadamente sin justa compensación por la Ley 32 de 23 de junio de 2009 a la comunidad del Caño Martín Peña.

'Hemos invitado a representantes y senadores de mayoría y minoría para entregarles un proyecto de ley por petición ciudadana ejerciendo nuestro derecho constitucional a la participación. Este proyecto constituye un paso fundamental para hacerle justicia a nuestras comunidades, ya que nos permite retomar el control de nuestras tierras a través de nuestro Fideicomiso de la Tierra y viabilizar nuestro proyecto de país', declaró Lucy Cruz, presidenta del G-8, en comunicado de prensa.

Según Cruz, la comunidad perdió control de las tierras mediante su Fideicomiso en el 2009 cuando se pasó la Ley 32 sin permitir la participación de la comunidad en las vistas. Este proyecto deroga esa ley y fortalece la Ley 489 de 2004 que dio origen al Proyecto del Caño Martín Peña y que contó con el respaldo unánime de la Legislatura.

Mencionó que el proyecto de ley incluye además enmiendas dirigidas a fortalecer al Fideicomiso de la Tierra y a la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, y a salvaguardar los objetivos de política pública de la Ley 489 original, tomando en cuenta la experiencia de los últimos años y la meta trazada por la comunidad de viabilizar el inicio del dragado del Caño en 2016.

Según la organización, el retomar las tierras permitirá agilizar y abaratar los costos asociados al dragado del Caño Martín Peña, así como maximizar el realojo de familias en su comunidad y viabilizar los proyectos de infraestructura.

Destacaron que con la titularidad colectiva en el Fideicomiso, los residentes, que son parte de éste, retienen la propiedad individual de sus casas y derechos de superficie sobre el solar que pueden vender, alquilar, hipotecar y heredar, similar como ocurre en los condominios. Los terrenos son de todos a través del Fideicomiso, por lo que nadie puede venderlos a terceros ajenos a la comunidad.

El licenciado Michel Godreau, abogado del Fideicomiso de la Tierra, explicó que en adición a la ley, se está trabajando para lograr una estipulación del gobierno central y municipal para dar por terminada la demanda contra el municipio y el estado por haber expropiado las tierras sin cumplir con el requisito constitucional de compensación. La comunidad está trabajando para que el pleito se dé por terminado.