La organización Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (PUEDA) arremetió contra el gobernador Alejandro García Padilla por permitir que la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings (AAH) este ya instalada y asumiendo las operaciones del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín sin que la Administración Federal de Aviación (FAA, en ingles) haya aprobado la privatización de esa propiedad pública por los próximos 40 años.

'Ellos sin tener los permisos de la FAA ya han entregado las instalaciones del aeropuerto. Aerostar está operando y desarrollando su plan de trabajo a corto plazo dentro de las facilidades del aeropuerto y nosotros nos preguntamos si eso es legal, que personal que no sea empleado de la Autoridad de Puertos esté dando directrices y esté operando una agencia que es gubernamental como es el aeropuerto', cuestionó el portavoz de PUEDA, Juan Camacho.

Destacó que las razones para oponerse a la privatización del aeropuerto internacional son las mismas que García Padilla ofreció antes de coronarse como primer mandatario del país: 'que es un negocio malo, que 40 años es una enajenación y un término muy largo, que hay dudosa reputación de Aerostar, que inclusive la acusaron de corrupción en el proceso eleccionario y entonces pasado noviembre el Gobernador se olvida de esas razones'.

Asimismo, una de las integrantes de los opositores a la privatización del aeropuerto, la licenciada María de Lourdes Guzmán, denunció el serio conflicto de interés que tiene el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier D. Ferrer, a quien exigió que se mantenga al margen de la transacción.

Una de las personas que está presionando para que se apruebe esta transacción es el presidente del BGF. El señor Ferrer se le vincula con el bufete de Manuel Pietrantoni, que es el bufete que operó aquí en Puerto Rico en representación del bufete Wesley Brown de los Estados Unidos, es el bufete de (Luis) Fortuño en la transacción del aeropuerto, y es el mismo bufete que continua representando al gobierno con la nueva administración', denunció la licenciada.

Guzmán sostuvo que por ello 'Ferrer tiene un grave conflicto de interés y que no puede moralmente empujar esa transacción'.

'Si él tiene esos intereses él debería ser honrado con el país y que la gente sepa que él tiene un grave conflicto de interés con este asunto y que por eso está empujando la transacción. Me parece que esas son razones que están detrás para que se continúe presionando para que esta transacción se dé', añadió.

Guzmán, quien fue candidata a la Comisaría Residente por el Movimiento Unión Soberanista, recordó que hay otras presiones que ejerce el presidente del Partido Demócrata aquí en la isla Roberto Prats, quien también es representante legal de la empresa mexicana que adquirirá la administración y operación del aeropuerto.

También mencionó que Rafael Hernández Mayoral, hijo del ex gobernador Rafael Hernández Colón, está presionando desde el bufete Morris Foerster de los Estados Unidos para que la transacción se materialice a costa del bien común. Ese bufete para el que trabaja el hijo del ex gobernador se dedica a promover transacciones similares.

'Eso son unas circunstancias que el país debe conocer y que posiblemente no se dan a conocer y que fuera de ser razones, sí son presiones', destacó Guzmán.

Salvador Tió sostuvo, por su parte, que los opositores a la transacción y los sindicatos de trabajadores del aeropuerto no van a abandonar la calle hasta no lograr parar la transacción.

'Uno no vende lo que genera y el aeropuerto es lo que más (ingresos) genera a la Autoridad de Puertos, aún mal administrado como está', dijo Tió.

PUEDA convocó al pueblo a asistir masivamente este domingo a la protesta que realizarán una marcha concentración a partir de la 1:00 de la tarde frente al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

En la actualidad, hay tres aeropuertos pertenecientes a territorios de Estados Unidos en proceso de privatización: el Chicago Midway Airport, el Hendry County Airglades Airport y el Luis Muñoz Marín.

En una entrevista con NotiCel, el principal ejecutivo de AAH, Agustín Arellano, señaló que esa empresa haría un pago inicial al gobierno puertorriqueño de $615 millones y contribuirá aproximadamente con más de $550 millones en ingresos mientras dure la transacción de compra venta.

La empresa AAH tiene nueve aeropuertos en México. El de Puerto Rico, sería el primero que adquieran fuera de ese país.