El apoyo a la eliminación del Artículo 200 del Código Penal, popularmente conocido como la 'Ley Tito Kayak', fue constante durante las vistas de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, presidida por el representante Luis Vega Ramos.

Como parte de las ponencias presentadas, se incluyó la de dos de los seis arrestados en Santa Isabel en diciembre de 2011, que se han encausado bajo el artículo que establece como delito 'el impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción pública o privada, o movimiento de terreno'.

Su caso es el único en todo el país en el que se ha aplicado el Artículo 200 del Código Penal. Los ciudadanos fueron arrestados durante una manifestación en las cercanías de la construcción de un complejo de molinos de viento de la compañía Pattern Energy, en tierras calificadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como 'suelo primordial'.

Luis Omar García Mercado, uno de los arrestados, expuso en su ponencia cómo se ha alargado el proceso judicial, al punto de que han tenido que comparecer en 26 ocasiones al Centro Judicial de Ponce, a un año y dos meses de la detención.

'Las consecuencias negativas de haber sido sometidos a este largo proceso judicial han afectado nuestras vidas en todos sus aspectos… Pesa sobre nuestras familias la incertidumbre sobre el desenlace final del caso. Imaginen, señores legisladores, la posibilidad de ser encarcelados durante tres años, como establece el artículo 200, por participar en una manifestación pacífica'.

Otro de los arrestados, el doctor Robinson Rodríguez Pérez, repudió el análisis que hizo sobre el artículo el designado secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, sobre la limitación del derecho a la libre expresión en cuanto 'tiempo, lugar y la manera de expresión'.

Resaltó que Sánchez Betances fue el representante legal de los constructores de Paseo caribe y que sus motivaciones para oponerse a la derogación del Artículo 200 del Código Penal son 'vergonzosamente cuestionables'.

También dejaron saber su apoyo al Proyecto de la Cámara 230 f el Colegio de Abogados, el Colegio de Agrónomos, la Sociedad para la Asistencia Legal, el Comité Amigos de los Árboles y el Partido del Pueblo Trabajador.

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas sometió su oposición al proyecto que derogaría el artículo al coincidir con los fundamentos que fueron expuestos cuando se aprobó, que 'responde al deber y la facultad de mantener el orden público y la convivencia pacífica entre las personas que componen la sociedad puertorriqueña.

En su ponencia, la presidenta del Colegio, Pilarín Ferrer Villacasillas, afirma 'que cualquier duda sobre la constitucionalidad de la disposición puede y debe ser adjudicada por un tribunal competente, antes que dirimida en la exposición de motivos de la medida propuesta'.