El gobierno ha sido incapaz de fiscalizar a los comerciantes que no le pagan los recaudos del IVU al Departamento de Hacienda y ahora la Legislatura de mayoría popular busca aprobar una serie de proyectos para regular y fiscalizar la industria ilegal de tragamonedas lo que, a juicio de un experto, creará más burocracia y problemas que ingresos para el erario.

Aún así parece haber consenso entre legisladores de mayoría y minoría en la Cámara de Representantes de que hay que tratar de captar las decenas de millones de dólares que el Estado está perdiendo por no regular las tragamonedas, como ocurre con los casinos.

La ponencia más significativa la presentó Mario Ramos Méndez, exdirector de la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo y autor del único libro escrito sobre el origen y desarrollo de la Ley 221 del 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como Ley de Juegos de Azar de Puerto Rico.

Ramos Méndez fue enfático en que la Legislatura debería legislar para erradicar las tragamonedas porque, a su juicio, el estado no podrá evitar bajo ninguna circunstancia que _dentro de la legalidad_ 'se pueda desarrollar una nueva actividad ilegal que evada la contribución al fisco y burle la normativa de una cantidad de máquinas por negocio y de ciertos tipos de negocios con máquinas'.

'No hay forma de fiscalizar la adulteración de las máquinas', sostuvo.

Recordó que en la actualidad las tragamonedas ubican en unos 30,000 negocios que están desparramos por todo Puerto Rico y que si se saca un promedio de 15 máquinas por establecimiento, se estaría hablando de que el gobierno tendría que regular 2,000 a través de toda la isla con tragamonedas.

'En lugar de aprobar este tipo de máquinas, que se ha demostrado que muchas de ellas están trampeadas, aparte de los cuentos horripilantes que a través de los años hemos escuchado, deberíamos ayudar a la atribulada industria de casinos en Puerto Rico a desarrollarse nuevamente. De hace años, se está dando una especie de deforestación de mesas de juegos y de empleos en las salas de juegos de nuestro país', recomendó Ramos Méndez en su alocución ante la comisión cameral de Hacienda y Presupuesto.

Fuera del salón de audiencias, Ramos Méndez indicó a NotiCel que desde el 2009 al presente han cerrado cuatro casinos en la isla, en gran medida debido a la proliferación de las tragamonedas clandestinas. Cerró El Conquistador, en Fajardo; el Gran Meliá, de Río Grande; el Diamond Palace, en San Juan; y el Pichis, en Guayanilla.

Por eso, es que asegura habrá un aumento en la burocracia gubernamental. Citó como ejemplo que en el caso de la División de Juegos de Azar de Turismo se fiscalizan a entre 205 y 210 empleados en 21 casinos en toda la isla, pero en el caso de las máquinas el estado tendría que velar por el cumplimiento de la ley en 2,000 negocios con máquinas como mínimo.

En entrevista con este diario digital, el conocedor de los juegos de azar no cree que el estado pueda tener una fiscalización eficaz y hasta ve la posibilidad de que se usen las tragamonedas para el lavado de dinero.

'Al darse eso, tienes que tener más personal o crear una división nueva o sino meterlos en la División de Bebidas Alcohólicas y Licencias del Departamento de Hacienda. Vas a tener que necesitar más persona, cuánto, no lo sé. Pero, necesitarías personal especializado en máquinas, personal que tenga créditos en contabilidad, personal que vaya a los sitios esporádicamente a fiscalizar y tienen que ponerle unas tranquillas porque es una actividad que va a generar mucho dinero y toda actividad económica tiene que ser fiscalizada eficazmente por el gobierno porque si no se pueden dar múltiples de delitos entre ellos el de lavado de dinero', afirmó Ramos Méndez.

'Aquí hay muchas lagunas. Yo dudo que puedan tener una fiscalización eficaz. Y qué período de tiempo de apertura le van a dar a esos negocios, si 24 horas, o 16 horas o 12 horas, no sabemos y honestamente hay tantas lagunas en cuanto al personal, a cómo va a estar adiestrado el personal, a cómo se va a recaudar, qué sistema operativo van a tener esas maquinas, cómo se van conectar esa máquinas a Hacienda. Es un montón de lagunas que, con pensarlo nada más, para poder aplicarlo y ejecutar eso van a pasar muchos años', sostuvo.

El representante novoprogresista, Antonio Silva, entiende que el mal ya está hecho porque 'esto es un juego que ya está'. Por lo tanto, el legislador entiende que hay que sacar algún provecho económico de eso.

'Donde quiera que nos metemos vemos las máquinas. Yo lo que he estado recomendando es que aquí aparentemente hay unas personas que en el estatus quo (que las tragamonedas se queden sin regular) ganan… el gobierno está dejando de ganar ahí. O se regulan o hay que ser bien drástico: persona o entidad que tenga una máquina de esta se le cierra el negocio, se le quita el certificado por un año', destacó Silva.

Precisó que si el estado cobra $3,000 por cada máquina en los negocios, partiendo de los 30,000 establecimientos con máquinas, entrarían $90 millones a las arcas gubernamentales.

En términos similares se expresó el presidente de la comisión cameral, Rafael Hernández, afirmó que cree en la regulación y destacó que 'hay un desbalance abismal entre la industria hotelera que cumple con unos compromisos del estado y estas máquinas que están alrededor de todo el país que hoy no cumplen con el compromiso de aportaciones al gobierno de Puerto Rico'.

'Aquí hay dos alternativas: o regulamos o erradicamos porque todo el mundo tiene que aportar', afirmó.

Hernández dijo que los propietarios de las tragamonedas no quieren que los regulen y los representantes de la industria turística están a favor de que las erradiquen.