El Movimiento Unión Soberanista (MUS) le exigió al gobernador, Alejandro García Padilla, que haga valer la Carta de Derechos de la Constitución que juró defender, y le pida a Fiscalía Federal que desista de intentar imponer la pena de muerte en la jurisdicción de Puerto Rico.

De igual modo, en una misiva al Fiscal General Eric Holder, la Presidenta del MUS, licenciada María de Lourdes Guzmán, le exigió al funcionario federal que respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico, expresada en nuestra Carta de Derechos.

'Reclamamos que el Señor Gobernador, exija personalmente al Secretario de Justicia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que cesen las certificaciones de casos de pena de muerte en Puerto Rico y que se respete la voluntad expresa de nuestro pueblo en rechazo a la pena capital en suelo puertorriqueño', dijo en conferencia de prensa la líder del MUS.

Desde hace varios años, el gobierno federal a través de la fiscalía del tribunal para el distrito federal de Puerto Rico, persigue imponer en la Isla la pena capital, a pesar de que nuestra Constitución lo prohibe.

La Presidenta del MUS recordó que en cuatro ocasiones, el jurado puertorriqueño en el tribunal federal ha rechazado imponer la pena de muerte a los convictos, y la fiscalía federal continúa certificando casos buscando aquel que les permita lograr la primera ejecución en más de ocho décadas.

Tomando en cuenta que mañana el jurado que encontró culpable al Sr. Alexis Candelario, convicto por la masacre de la Tómbola, comenzará a deliberar en la etapa de sentencia, el MUS hizo un llamado al pueblo puertorriqueño a que expresen su más firme rechazo a los intentos del gobierno federal de imponer la pena de muerte en Puerto Rico.

La pena de muerte ha sido rechazada por la mayoría de los países del mundo, mientras cada vez son más los estados que aprueban legislación para prohibirla. El estado de Maryland espera por la firma de su Gobernador para aprobar un proyecto legislativo aboliendo la pena capital. 'La pena de muerte es irreversible, no constituye un disuasivo contra la conducta criminal e históricamente ha sido aplicada de forma discriminatoria contra los sectores pobres y minoritarios', recordó la licenciada Guzmán.

Los casos de pena de muerte han ido en aumento en Puerto Rico, en virtud de los acuerdos de colaboración que han firmado diferentes gobiernos, en su mayoría estadistas, con la fiscalía federal. Estos acuerdos han permitido que el gobierno federal lleve a cabo procesos que niegan garantías contempladas en nuestra Constitución, como el derecho absoluto a la fianza y la prohibición contra la pena de muerte.

Actualmente, hay otros 14 casos pendientes de certificarse en la Corte de Distrito Federal en San Juan.

Finalmente, el MUS hizo un llamado al pueblo a darse cita en el tribunal federal, durante las vigilias que llevará a cabo La Coalición Puertorriqueña contra la pena de muerte, a partir de mañana.