Con desconocimiento y preocupación.

Así se expresaron los representantes de asociaciones de residentes que, de acuerdo a una reciente determinación del Tribunal Federal, tendrán que permitir libre acceso en sus urbanizaciones a los miembros de los Testigos de Jehová, para que estos puedan llevar su labor de evangelización casa por casa.

Maribel León, presidenta de la Asociación de Residentes de Jardines Casa Blanca en Bayamón , manifestó a NotiCel que acatarían la orden emitida hoy por el juez federal Gustavo Gelpí, al ser una decisión del Tribunal, mientras exclamaba 'quê puedo hacer?'.

No obstante, destacó la falta de información sobre la demanda y sobre esta decisión de Gelpí, y apuntó que la medida se ha tomado de manera 'arbitraria'.

En su decisión de tres páginas, Gelpí sostiene que en 'función de los medios de acceso, cada urbanización deberá entregar a los demandantes una llave física, un código de acceso, beeper, u otro dispositivo necesario para permitir la entrada a la urbanización. Los medios de acceso facilitados a los demandantes deben ser igual a la de los residentes de esas urbanizaciones y deben otorgar a los demandantes el acceso sin trabas a las urbanizaciones, es decir, sin restricciones'.

Pero les recuerda a los demandantes que estos accesos son únicamente para llevar a cabo su fe, y cualquier violación sería so pena desacato.

Para León, la parte más preocupante es que se incomode a los residentes que quieran mantenerse al margen de la predicación de los Testigos de Jehová, y que estos insistan en llevarles su mensaje, violentando así el derecho a la intimidad y la privacidad que gozan los residentes.

Esta detalló que previo a la orden, en su urbanización se había hecho un censo y se le ofreció un listado a los Testigos de Jehová, de las casas que estaban de acuerdo con que los visitaran, en ese proceso la mayoría de los residentes no habían accedido, porque se quejaban de la manera que estos los abordaban e insistían para que los atendieran, a veces en momentos poco oportunos.

Ante este panorama, la licenciada Nora Vargas Acosta, abogada de los Testigos de Jehová, explicó a este diario digital, que en su orden el juez Gelpí, establece un balance entre ambos derechos constitucionales.

Según Vargas Acosta, 'tenemos que reconocer el trabajo y esfuerzo del juez Gelpí para idear un mecanismo para que en efecto se le diera acceso a los Testigos de Jehová en estas urbanizaciones. Es importante recalcar que esta orden del día hoy, a lo que se dirige es a las urbanizaciones que no tienen guardias de seguridad, porque ya se había resuelto y esta establecido el derecho que le asiste a los Testigos de Jehová, que bajo la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, de expresión y al ejercicio al culto de su religión, de tener acceso a las vías públicas de Puerto Rico, en aquellas urbanizaciones donde hay guardias de seguridad'.

El reto mayor era cómo se le daba acceso a los Testigos de Jehová en urbanizaciones con acceso controlado, que no hay guardias de seguridad.

Al reiterarle la preocupación de las asociaciones de residentes, de que con este libre acceso se estaría violentando el derecho a su intimidad y privacidad si el residente no desea la visita y comoquiera los miembros de la congregación religiosa insisten en llevar su evangelización, Vargas aseguró que la orden contempla esas salvaguardas.

'Fíjese, la orden del juez en el día de hoy, atiende esas circunstancias… En el párrafo cinco de la orden, el juez reconoce que puede haber un interés de los propietarios dentro de las urbanizaciones, que no lo evangelicen, que no le lleven allí la palabra que hablan los Testigos de Jehová. Y lo que dice es que, en aquellos lugares donde los propietarios entienden que eso violenta de alguna forma su intimidad, pues que pongan un rótulo que diga que aquí no pasen. Y eso se tendrá que respetar. Pero las calles son públicas, la propiedad es privada. El Tribunal lo que quiso haces es un balance', sentenció.

De acuerdo a Vargas si alguna de las partes siente que se esta violando su derecho, deben recurrir al Tribunal, y este determinará si hubo o no desacato a la orden. Y resaltó que todavía la orden no es final y firme.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, determinó que se cumpliría con la orden judicial, y así proteger la libertad de expresión y de culto de estos ciudadanos. Esta abundó que se comenzará un proceso interno en el municipio, donde se establecerá un diálogo con las urbanizaciones de cómo se le va a proveer acceso a los Testigos de Jehová. Además, expuso que hay que iniciar un proceso de orientación en las urbanizaciones.

El Municipio de San Juan, fue uno de varios ayuntamientos demandados.

'La tarea del municipio, es que en o antes del 17 de abril, tenemos que proveerle una lista de las urbanizaciones que hay, y cómo le van a proveer acceso a los Testigos de Jehová', señaló.

Los municipios que no cumplan con la orden, se le impondrán multas diarias de $100.

Sobre la preocupación de las asociaciones de residentes, de que se violenten sus derechos, Cruz puntualizó que 'ese es un balance que hay que hacer', pero resalta que la orden dice que si el residente no desea la visita, puede colocar un rótulo, que indique 'Prohibido el paso',

Esfuerzos por conseguir una reacción del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y de la alcaldesa de Ponce, María 'Mayita' Meléndez, fueron infructuosos. Estos ayuntamientos también habían sido demandados.

Sentencia parcial juez Gelpí caso Testigos de Jehová - NotiCel_1873