La estudiante de 21 años violada en la azotea del condominio Ashford Imperial por un guardia de seguridad presentó una reclamación millonaria en el Tribunal Federal contra el Consejo de Titulares del inmueble, la compañía de seguridad Win Access, y el servicio de alquileres Sea Breeze, a traves del cual llegó a hospedarse en dicho condominio.

Junto con la residente de East Brookfield, Massachusetts, comparecen sus padres, en una reclamación que asciende a $4.7 millones por daños de todo tipo, incluyendo el tratamiento siquiátrico que sigue recibiendo, y la ansiedad de volver a enfrentar a su atacante en corte durante su juicio criminal.

En diciembre de 2012, un jurado encontró culpable al guardia William Rodríguez por los hechos ocurridos el 14 de abril de 2012 en la azotea del condominio cuando la estudiante llegó en aparente estado de embriaguez.

La estudiante estaba en Puerto Rico como parte de un requisito académico del Worcester Polytechnic Institute, donde estudiaba el tercer año de ingeniería química.

El Ashford Imperial tiene varios apartamentos que, según la demanda, son propiedad de su Consejo de Titulares, el cual los alquila, mecanismo a través del cual la estudiante llegó a residir allí durante su programa académico en la isla.

Entre las alegaciones del recurso, se encuentra que Rodríguez no tenía licencia como guardia de seguridad, y que, tan reciente como en febrero de 2012, había sido convicto por violaciones a la Ley de Armas y condenado a probatoria por dos años. Los hechos de ese caso criminal ocurrieron cuando Rodríguez era policía estatal, de donde fue suspendido sumariamente.

Los abogados de la estudiante imputan que la empresa Win Access conocía de ese historial cuando contrató a Rodríguez, o que debió conocerlo. Plantean que el Consejo de Titulares y Sea Breee tampoco realizaron una verificación del trasfondo del guardia antes de aceptarlo en el puesto.

Sobre la noche de la violación, el resultado de una serie de eventos que comenzó cuando la estudiante llegó al lobby y cayó al piso, el recurso presentado esta semana plantea que la azotea no tenía cámaras de seguridad, y que la cámara de uno de los ascensores estaba desconectada.