La Cámara de Representantes, aprobó una resolución radicada por el presidente del cuerpo legislativo, Jaime R. Perelló Borrás, para investigar el funcionamiento del 'Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores'.

A la medida se unieron como coautores el portavoz de la mayoría Charlie Hernández y la portavoz de la minoría, Jenniffer González Colón.

La Resolución de la Cámara 392 aprobada en la sesión de ayer es parte de los esfuerzos contra el abuso sexual a menores liderados por Perelló Borrás. Hace unas semanas el presidente de la Cámara anunció la creación de un Task Force que está a cargo de establecer iniciativas que atiendan de forma efectiva el abuso sexual de menores en Puerto Rico.

La investigación busca comprobar, entre otros asuntos, si los organismos gubernamentales están cumpliendo con su responsabilidad de proveer información para mantener el registro actualizado.

'Mantener este registro al día y accesible a toda madre, padre o tutor es una herramienta esencial para asegurar que ningún ofensor sexual esté haciendo acercamientos que pudieran parecer inofensivos, pero que en realidad esté en busca de su próxima víctima. No tener este registro al día es un crimen del estado contra sus niños', indicó el Presidente de la Cámara.

El pasado cuatrienio se aprobó una medida de Perelló Borrás para que el registro fuera publicado en un periódico de circulación general. Al momento, esto no se está cumpliendo.

'Mientras estemos aquí y tengamos este poder otorgado por nuestra gente de hacer lo correcto, nada puede ser más importante que la calidad de vida de nuestro pueblo, y sobre todo la seguridad de nuestros niños', dijo Perelló Borrás.

González Colón indicó que 'este es un asunto vital para lo que es nuestra niñez, para lo que es la seguridad- que mayormente son entendidos como asuntos de mujeres- y no es así. Las estadísticas no oficiales indican que más del 70 por ciento de los casos de violación en Puerto Rico son contra menores. Y que de esos casos contra menores, la mayoría, por no decir casi un 100 por ciento, el agresor es un familiar, un vecino o conocido de la víctima, lo que hace casi imposible que esa víctima o su familia llame y los denuncie'.

De forma unánime también se aprobó el Proyecto de la Cámara 243 que requiere que los voluntarios del Departamento de Educación certifiquen, previo a comenzar a prestar servicios, que no han sido convictos por ningún delito.

La medida del representante Eduardo Ferrer Ríos, es otra herramienta para contrarrestar el abuso a menores al eliminar la posibilidad de que personas convictas por delitos relacionados estén cerca de niños y niñas. 'Mediante este proyecto de ley se persigue que aquellas personas que prestan o puedan prestar servicios de forma voluntaria, que son unas mil cada año, según el Departamento de Educación, sean personas idóneas. A esos fines se debe requerir, previo a que la persona comience a prestar servicios, la presentación de un certificado negativo de antecedentes penales', reza la exposición de motivos de la medida.

Por otro lado, la Cámara aprobó en concurrencia el Proyecto de la Cámara 717 para reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), y modificar el término de los nombramientos de sus miembros. Esto, ante la falta de especificaciones necesarias en la ley sobre las calificaciones, la preparación, experiencia y representatividad de sus miembros.

Igualmente, en concurrencia se refrendó el Proyecto de la Cámara 719 para reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y modificar el término de los nombramientos de sus miembros. Destaca la pieza que actualmente éste carece de una composición representativa y balanceada que pueda atender efectivamente los retos que enfrenta esta entidad gubernamental en su administración y ofrecimiento de servicios al País.

Por último, se aprobó la Resolución Cameral 348, para investigar el estado de situación, y de eficiencia, de todas las dependencias gubernamentales del ELA y el Proyecto Cameral 509, para crear la 'Ley Especial de identificación de escuelas en desuso' a los fines de identificar las escuelas públicas, sus planteles y terrenos en desuso propiedad del Estado y poderlas utilizar para otras agencias.