La defensa de 29 acusados por el fraude electoral en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo insistió en que los 110 cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia no prosperarán debido a que la ley aplicable en el caso es la especial, es decir la Ley Electoral y no el Código Penal.

'Tenemos un delito sin víctima y el Estado no puede ser víctima', argumentó fuera de la sala el abogado de defensa Ernie Cabán, quien representa a Norma Miranda, quien todavía es empleada de la ex presidenta cameral y ahora portavoz del PNP, Jenniffer González.

Cabán, quien también representa a Yahaira Rojas, opinó que no existe ningún problema en que Miranda siga trabajando y cobrando un salario público de la oficina de la representante González, pese a las acusaciones criminales en su contra.

'Yo entiendo que sí (puede seguir trabajando con González). Hay una presunción de inocencia que nos cobija a todos que hay que defenderla. La presunción de inocencia de todo ciudadano está por encima de todo. Es hasta que no se encuentre culpable más allá de toda duda razonable que, a mi entender, no se puede privar a ningún ciudadano a un derecho que tiene al trabajo', destacó.

Cabán recordó que el caso lo denominan 'fraude electoral', pero hizo énfasis en que no hay acusaciones por violaciones a la Ley Electoral.

'Es un poco insólito', sostuvo Cabán, quien entiende que ninguno de los casos prosperará en las etapas judiciales posteriores.

El abogado defensor, quien fue fiscal, recordó además que aquí no se ha imputado una conspiración, lo que en su opinión sí podría dar base a un fraude.

'Estas personas están imputadas de delito de manera individual, en su carácter personal, no están acusados en concierto y común acuerdo con otros, no están acusados de conspiración', destacó Cabán.

NotiCel le preguntó que pudo haber motivado a Miranda a votar donde no le correspondía y Cabán respondió: 'eso no está probado'.

'Está acusada de cuatro cargos que no procede ninguno. Ninguno procede en derecho', ripostó el abogado defensor.

Puso como ejemplo que para que haya robo de identidad tiene que haber un robo del seguro social o del número de la licencia de conducir, pero no por haber usado una dirección en la que no residía un elector o electora.

En cambio, el ministerio público apuesta a su caso en el cual las acusaciones son: robo de identidad, perjurio, proveer información falsa y falsedad ideológica.

'Los planteamientos de derecho se le van a hacer al juez. Si ellos traen ese planteamiento, nosotros ya sabemos lo que vamos a responder porque antes de nosotros radicar los cargos, obviamente analizamos las leyes, no lo hicimos al azar y el planteamiento que haya que hacer lo haremos en sala', afirmó Santiago.

El fiscal no quiso contestar si alguno de los imputados se ha acercado a la fiscalía para cooperar o negociar algún acuerdo.

Tampoco quiso decir si es definitivo que el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, está fuera del escenario y de la vista de Justicia.

'La investigación continúa todos los días', destacó el fiscal Santiago.

Varios abogados representan a más de un imputado. NotiCel le preguntó al fiscal si no ve un potencial conflicto de interés, toda vez que hay implicados que alegan que actuaron incitados por otros.

'Cada abogado sabe cuál es la prueba o, por lo menos, lo que su cliente le ha indicado', se limitó a decir Santiago.

Por tratarse de tantos acusados y abogados, entre las partes estipularon distintas fechas (20 y 22 de mayo y 7 y 11 de junio) para ver las vistas subsiguientes.

El esquema de fraude consistió en que directores de dependencias municipales y empleados de nivel intermedio de Guaynabo visitaron urbanizaciones de clase alta de ese ayuntamiento para hacer un inventario de residencias de alquiler y que estuviesen a la venta para ser utilizadas fraudulentamente en las pasadas primarias del PNP.

El alcalde O'Neill no fue acusado debido a que fue exonerado de toda responsabilidad por un comité de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó el fraude.

El informe, que contiene 183 páginas y un voluminoso anejo, señala que hubo 50 electores que cometieron fraude al realizar trasferencias ilegales de residencia para favorecer a ambos candidatos: Antonio Soto, el protegido de O'Neill y proclamado como vencedor; y el derrotado candidato, Ángel Pérez.

Pero a O'Neill lo exculpa, por los menos, en cuanto a la evidencia directa.

'No hay prueba testifical, ni documental directa que vincule al honorable Héctor O'Neill García con un esquema de transferencia ilegales en relación con la primaria del 18 de marzo (2012)', dijo el presidente de la CEE, Héctor Conty, cuando presentó a la prensa el voluminoso informe.