Tras escuchar los testimonios de un fiscal y de un ingeniero estructural, la jueza superior de Bayamón, Vivian Duriex Rodríguez, falló en contra de la defensa de Pablo Casellas Toro que solicitó sin exito se suprimiera el arsenal de armas que se ocupó en la residencia del matrimonio el día que fue asesinada Carmen Paredes, el 14 de julio de 2012.

El fiscal Gustavo Velez Acevedo, quien fue uno de los fiscales que trabajó la escena del asesinato de Paredes, defendió que a Casellas Toro no se le hubiesen hecho advertencias relacionadas a la ocupación de armas en su casa el día del crimen.

'No había necesidad de hacerlo porque, en ese momento, Pablo Casellas era un perjudicado, no un sospechoso', declaró el fiscal en la vista judicial en la que se examina una solicitud de la defensa para que se supriman las armas ocupadas al corredor de seguros en un allanamiento que los abogados argumentan se hizo ilegalmente.

El fiscal Vélez Acevedo indicó que la orden para ocupar las armas y enviarlas a analizar al Instituto de Ciencias Forenses la dio él luego que Casellas Toro había alegado que el supuesto asesino le había robado un arma y tras entrar a la oficina y ver que las armas y municiones se encontraban en medio de un desorden, regadas por el suelo, lo que constituye una violación a la Ley de Armas.

'Era un área en completo desorden… tan grande era el reguero que en algunas áreas no se podía ver el piso', estatificó Vélez Acevedo a preguntas de la fiscal Janet Parra.

Vélez Acevedo señaló que Casellas Toro consintió que se ocuparan las armas al abrirle la oficina que tenía unas medidas de seguridad que sólo él y la occisa conocían para que el cuarto se pudiera abrir. Testificó, además, que el juez federal Salvador Casellas, el licenciado Arturo Negrón García y el propio Casellas Toro observaron en diferentes momentos cuando las armas eran ocupadas y ninguno de los tres objetó el procedimiento.

Narró que se hizo un inventario de las armas y se cotejó con el Registro Electrónico de Armas que llevó a la escena el agente Juan Cabrera.

Declaró que dentro de la oficina del acusado se encontraron dos armas compatibles con los casquillos de bala calibre 5.7 X 28 utilizados para asesinar a Paredes.

'Pablo Casellas estuvo en varias ocasiones observando (el proceso). En varias ocasiones se le hicieron preguntas sobre las armas y él, con mucho gusto, nos contestó… y, en algún momento, nos preguntó cuándo le íbamos a devolver las armas', declaró el fiscal Vélez Acevedo.

El juez federal sí se negó a que se realizara una inspección del auto Mercedes Benz que había en la marquesina al momento del asesinato. Sobre el baúl de ese auto, propiedad de Casellas Toro, se encontró una pistola que también fue ocupada.

Un rifle de perdigones se encontró en la cocina y otro fuera de la casa en el área del gazebo. Ambas armas largas fueron ocupadas. En total, se ocuparon más de 30 armas.

El testigo declaró que cuando llegó a la escena el agente a cargo le indicó que estaban teniendo problemas para entrevistar a Casellas Toro porque su abogado, Negrón García, se negaba a ello. Posteriormente, el hoy acusado accedió y se realizó la entrevista en la Comandancia de Bayamón.

El fiscal Vélez Acevedo indicó, además, que acudió a la escena luego que recibió al menos tres llamadas, incluyendo una de la fiscal de Distrito de Bayamón, Phoebe Isales, y otra del exsecretario de Justicia, Guillermo Somoza. Fuera de sala, el fiscal dijo que eso sucede en algunos casos.

El fiscal fue el último testigo presentado por el ministerio público y la defensa sentará en horas de la tarde a un perito.

A preguntas del abogado defensor, Harry Padilla, el fiscal Vélez Acevedo reconoció que no se le hicieron advertencias y que no se buscó una orden judicial para realizar el allanamiento a la oficina.

'No había nada que lo impidiera', aceptó el fiscal.

Fuera de sala, el licenciado Padilla se reafirmó en que entiende que el registro y ocupación de las armas fue ilegal porque no medió una orden del tribunal para ello.

Empero, el ministerio público insiste en que no había necesidad, pues Casellas Toro consintió que se ocuparan y el proceso se realizó en momentos en que estaban presentes en la escena del crimen el licenciado Negrón García y el padre del acusado.

Contra Casellas Toro pesan cuatro cargos por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto el pasado 8 de octubre 2012, la fiscal Isales explicó que ese último cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio (Día de los Padres) le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes.