El Centro Unido de Detallistas (CUD) radicó en la mañana del miercoles un recurso de revisión, ante el Tribunal de Apelaciones para obligar al Departamento de Hacienda a desistir de aplicar el Reglamento 7831 hasta tanto no cumpla con la Ley 454 de Flexibilidad Administrativa para el pequeño negocio.

'Exhortamos a los dueños de Centros de Inspección a que se mantengan firmes y que no se dejen convencer por personas que tratan de minar su confianza. Esta mañana acudimos al Tribunal Apelativo porque estamos seguros de que nuestros argumentos son correctos y podemos prevalecer', sentenció la presidenta del CUD, Enid Monge de Pastrana.

'Comenzamos este proceso con la certeza de que el Reglamento 7831 del Departamento de Hacienda impone una carga económica y burocrática injusta para los comerciantes, que no cumple con la Ley 454 de Flexibilidad Administrativa, y contrario a lo que el Tribunal Superior de San Juan determinó, nuestro caso no ha prescrito. Eso lo vamos a aclarar en el foro Apelativo', dijo la líder de los detallistas.

Previamente, el CUD radicó una reconsideración sobre la sentencia del Tribunal Superior de San Juan, porque a pesar de reconocer en su sentencia los planteamientos del CUD que el Reglamento 7831 no cumple con la Ley 454 de Flexibilidad Administrativa, el Tribunal determinó que el caso había vencido su término prescriptivo.

'Nuestro planteamiento es que el Reglamento 7831 no cumple con la Ley 454 de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria. Mediante este reglamento el gobierno pretende imponer una carga económica a un grupo de comerciantes, a favor de una empresa privada, que es la Administración del Seguro Compulsorio (ASC) ', dijo Monge de Pastrana. 'Además le impone una carga adicional de trabajo a estos empresarios por el manejo de formularios que conlleva la venta de los marbetes y le permite a la ASC auditar las cuentas de los comerciantes. De hecho, la fianza se duplica de 30 mil a 60 mil dólares, de los cuales 8 mil deben ser en efectivo'.

Por décadas el CUD ha luchado porque las agencias de gobierno cumplan con la Ley 454 de Flexibilidad Administrativa, promulgada el 18 de diciembre de 2000, para asegurar que los pequeños negocios no estén excesivamente reglamentadas y flexibilizar las penalidades que se adjudican a las pymes de acuerdo a su tamaño.