La Federación de Alcaldes reiteró esta tarde su descontento con la propuesta reducción del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) y aseguraron que están en contra de cualquier medida impositiva que busque ampliar la base.

El presidente, Hector O'Neill, enfatizó que 'estamos bien claros, que la Federación de Alcaldes no va avalar ninguna medida que sea imponerle contribuciones al pueblo'.

O'Neill mostró su preocupación de que se establezca que va haber una mayor captación de recaudos, en base a la eliminación de ciertas exenciones del IVU, y que sea el Departamento de Hacienda quien lleve a cabo la función de asegurar la captación.

'La adminstración anterior no tuvo la capacidad para captar, y menos esta administración. Ninguna de las dos'; sentenció.

A juicio de O'Neill, si Hacienda mejora su fiscalización para aumentar la captación del IVU, no hay la necesidad de eliminar exenciones ni reducir el 0.5% a los municipios.

El Alcalde de Guaynabo especificó a NotiCel que se le va a cursar una carta a la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, solicitándole información 'de dónde van a sacar los dineros para pagar los préstamos que ya los municipios hicieron y por cuánto tiempo se va a pagar. Y lo otro, qué compromiso va a hacer el Gobierno de pagar ese dinero, que no está en la Ley. Y que el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tiene que pasar un documento que firman los alcaldes y que garantiza los fondos del municipio de hacer préstamos. Una vez se asigna ese dinero y de dónde va a salir, el Banco de Fomento da un 'release' completo a los alcaldes como que no tienen deuda ninguna'.

O'Neill argumentó que en el Proyecto 1073 no se establece que se han destinado unos fondos para cubrir las deudas contraídas por los municipios con el BGF y otras instituciones bancarias.

El alcalde fue muy claro en que la Federación no ha cerrado el canal de comunicación con el Ejecutivo.

A preguntas de este diario digital, O'Neill dijo estar de acuerdo con la Asociación de Alcaldes de que no se toquen los fondos de los municipios, y que no se atente contra el equilibrio municipal.

Tanto O'Neill como Aníbal Vega Borges, alcalde de Toa Baja, apuntaron que el Gobierno no quiere tocar el 5.5% estatal porque está comprometido con los bonos de COFINA.