Sesenta y ocho empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una Petición de Sentencia Declaratoria e Interdicto Preliminar y Permanente para impugnar la constitucionalidad de parte de la recien aprobada Ley Núm. 3 del 4 de abril de 2013, conocida como la Reforma de Retiro.

Los demandantes comenzaron en el servicio público hace más de 23 años y están cobijados por el sistema de 'pensión por mérito' calculada en base de los años de servicio y la edad.

Al entrar en vigor el nuevo sistema de retiro el 1 de julio, algunos demandantes perderán hasta 60% de su pensión anticipada. A otros le faltan menos de un año para jubilarse y se verán obligado a salir del empleo público abruptamente para preservar algunos beneficios.

'Actualmente, los demandantes se enfrentan a tener que optar entre dos alternativas insostenibles. La primera opción es retirarse en o antes del 30 de junio de 2013 para acogerse al viejo sistema de retiro (o en algunos casos hasta el 31 de diciembre de 2013), cambiando dramáticamente su planificación financiera para un retiro digno y dejándoles sin el ingreso que esperaban. La segunda opción es mantenerse trabajando en el gobierno por espacio de entre 1.6 a 17 años adicionales a lo contemplado en la vieja ley, para eventualmente jubilarse con una anualidad significativamente menor a la que les fue prometida por décadas, y sin acceso a un plan médico, beneficio que también también tendrían al amparo de la Ley 447. Sea cual sea su determinación individual, cada uno de los demandantes va a sufrir una merma significativa en su pensión, y en muchos casos, su capacidad para atender asuntos personales y familiares como el cuido de sus seres queridos y de su propia salud', se argumenta en el escrito.

Los demandantes alegan que la Ley 3 menoscaba su derecho a acogerse al plan de retiro según prometido por las más de dos décadas de servicio público, en violación de la Constitución de Puerto Rico.

La demanda solicita que el tribunal decrete la Ley 3 'inconstitucional en la medida en que cambia el sistema de retiro en relación con las personas que siguen contribuyendo a base de la primera estructura del Sistema de Retiro con la expectativa de que iban a poderse jubilar con los beneficios otorgados por la Ley 447, según enmendada'.

El caso fue asignado a la Juez Giselle Romero García del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Entre los demandantes se encuentran el Subcontralor y varios Directores de Divisiones de la Oficina. El recurso está suscrito por las abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez.

Demanda empleados Contraloría Reforma de Retiro - NotiCel_2500