Nuevos criterios para indultos
El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy los criterios que tomará en cuenta para denegar las solicitudes de clemencia ejecutiva, de manera que estas sean otorgadas con sensibilidad pero sin menoscabar el sistema de justicia criminal.
Los nuevos criterios disponen que el primer ejecutivo denegará de plano las solicitudes de clemencia a personas sentenciadas por delitos de asesinato en primer grado, agresión sexual o relacionada con abuso sexual de menores.
Tampoco cualificarán los convictos con sentencias de actos lascivos si la víctima al momento del hecho es menor de 16 años, toda persona que haya asesinado a un agente del orden público u oficial de custodia en el cumplimiento del deber y aquellas que hayan sido sentenciada por utilización de un menor para pornografía infantil.
La solicitud de clemencia también le será denegada a toda persona considerada criminal habitual o reincidente, la que haya sido sentenciada por delitos contra los fondos públicos, relacionados al crimen organizado, por distribución de sustancias controladas, y por tráfico y distribución ilegal de armas de fuego.
La orden también incluye a que aquellos convictos por crímenes de lesa humanidad, trata humana, incluyendo, pero sin limitarse a la extracción de órganos en menores de edad. También los reos a quienes se les haya revocado una sentencia suspendida o libertad bajo palabra por la comisión de un delito grave en el que medie la violencia.
El gobernador informó que 'esta administración está comprometida con la protección de la ciudadanía. En particular, con salvaguardar la seguridad y el bienestar de los vulnerables' en medio la criminalidad que afecta a la ciudadanía en general.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la sección 4 del Artículo IV reconoce como una de las facultades del Gobernador: 'suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas o confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico.