El Tribunal de Apelaciones falló en contra de la defensa del convicto federal Hilton Cordero, que solicitó sin exito a este foro intermedio, que autorizara a una juez municipal que se sentara a declarar a favor del imputado.

El panel de tres jueces determinó que la petición de la defensa de sentar a declarar a a jueza Madelaine Vega 'no procede en derecho'.

'La solicitud del peticionario de requerir la presencia como testigo de la Jueza Municipal, Madeline Vega Ortiz, en la audiencia sobre supresión de la evidencia obtenida mediante una orden de registro, resulta improcedente en derecho. El peticionario no goza de un derecho absoluto a la comparecencia compulsoria de testigos, menos aún en esta etapa de los procedimientos', indicó el juez ponente, Gerardo Flores.

'De igual forma, poderosos fundamentos de política pública y doctrinas en nuestro ordenamiento procesal criminal y ético impiden la comparecencia de un juez o jueza como testigo para, como solicita el peticionario, ‘corroborar, desmentir o aclarar, la existencia de los hechos que se le narraron o la evidencia física que se le presentó, si alguna, que justificara la expedición de la orden'. No podemos exponer a un juez o jueza de nuestro sistema de justicia a expresarse en torno a los ‘pronunciamientos sobre los méritos de la causa' o a explicar ‘la razón de sus actuaciones', pues incidiría negativamente sobre la independencia judicial', añadió Flores.

De acuerdo con el panel de jueces, Cordero, quien encara un cargo de actos lascivos y una veintena de cargos de pornografía infantil, tiene otros remedios.

'En este caso, el peticionario tiene a su disposición el testimonio del agente y los mecanismos provistos en nuestro ordenamiento para impugnar, sin la necesidad del testimonio de la Jueza, la validez de la expedición y la orden de registro librada por ella. Lo anterior, nos intima a confirmar la Resolución recurrida', determinó el juez ponente.

El caso fue devuelto a la sala de la jueza superior de Carolina, Berthaida Seijo, para continuar los procedimientos.

La defensa interesaba interrogar a la jueza Vega sobre la orden de registro y ocupación de la computadora de Cordero, que abrió la puerta para las acusaciones criminales.

Según la principal abogada de defensa, Mayra López Mulero, la ocupación de la computadora fue inconstitucional y, por ello, requerían el testimonio de la jueza Vega como testigo de defensa.

Cordero renunció a su derecho constitucional a tener un juicio por jurado en medio de las conversaciones que se dan entre las partes para ver si finalmente llegan a un acuerdo para que el excomisionado de Seguridad de la Capital también se declare culpable en la esfera local.

La sentencia de Cordero en el sistema judicial estadounidense en la isla está señalada para el 21 de junio.

El juicio estatal en su fondo debe comenzar el 11 de junio.