El paquete de 15 medidas relacionadas con el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal fueron aprobadas en el Senado entre ayer tarde, domingo, y la madrugada de hoy. Sin embargo, varias sufrieron enmiendas que tendrán que ser ahora consideradas por la Cámara de Representantes.

De no concurrir, se pasarán a un comité de conferencia, con miembros de ambos cuerpos legislativos para establecer un texto final.La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, advirtió que algunos de los cambios incluidos anoche en el Senado requerirán de análisis económicos 'para constatar su viabilidad en el marco del presupuesto planteado'.

Vila Biaggi explicó que esta evaluación podría incidir en el proceso de aprobación, que debe culminar antes del 30 de junio, porque algunas de las enmiendas presentadas no estaban contempladas en los acuerdos originales.

El Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1073, que establece las medidas de recaudo, fue uno de los que sufrió enmiendas. Entre varias técnicas, se destaca una enmienda a la Ley de Contribuciones Municipales para aclarar que el costo del inventario no va a incluir la porción que se paga de Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Es decir, no se le impondrá impuesto sobre la propiedad a la porción que corresponde al pago del IVU.

También se flexibilizó el requisito de cuentas por depósito que había impuesto la Cámara de Representantes a todos los comerciantes.

Otra de las enmiendas va a los fines de eliminar de la contribución alternativa mínima de las petroleras un cargo por compras interrelacionadas. Se entiende que esta enmienda es importante en el objetivo de evitar un impacto mayor a la industria petrolera.

Las Resoluciones Conjuntas 227 y 228, que establecen las partidas para gastos de funcionamiento y las partidas especiales para distribuirse entre agencias e instrumentalidades públicas, también sufrieron enmiendas.

A la 227, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, introdujo una enmienda para establecer un plan piloto para fiscalizar inicialmente la utilización de los fondos públicos asignados 10 agencias gubernamentales que brindan servicios directos a los ciudadanos. Se trata del Centro Legislativo de Innovación y Presupuesto (CLIP), que sería un órgano de la Asamblea Legislativa.

Se incluyó en la 228 la eliminación de pagos a las fundaciones de los exgobernadores Carlos Romero Barceló, Sila Calderón, Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló para reasignarlas al Hospital Pediátrico de Centro Médico de Río Piedras.