Revés judicial para defensa en caso por fraude electoral en Guaynabo
El juez superior de Bayamón, Alvin Rivera, declaró no ha lugar la solicitud de los abogados defensores del primer grupo de 29 acusados por el fraude electoral en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo, confirmaron las partes a NotiCel.
Uno de los abogados defensores, Alexis Acevedo, adelantó a este diario digital que la decisión se va a apelar.
'Por el momento, estamos esperando la notificación por escrito de la Resolución, la vamos a recibir, la vamos a analizar para ver el paso que vamos a dar. Luego de leerla determinaremos el paso a seguir, si recurrir al Tribunal de Apelaciones o si pedimos una reconsideración (al juez Rivera). Estábamos preparados para esto y vamos a recurrir a los foros en alzada porque es un planteamiento de derecho, no es algo que es sencillo', dijo Acevedo en entrevista telefónica.
El juez notificó su decisión a las partes en corte abierta y emitirá su decisión por escrito para los procesos apelativos.
El fiscal Edmanuel Santiago se expresó satisfecho con la decisión a favor del ministerio público.
'El fundamento principal fue que el principio de especialidad no aplica, la Ley Electoral como dice la defensa, que lo aplicaba es el Código Penal como nosotros decimos, el ministerio público, porque de una revisión de la ley se puede notar que las conductas imputadas no surgen de los delitos que habla el Código Electoral', indicó Santiago en entrevista telefónica.
El fiscal aclaró que el resto de los casos ya tienen fecha, pero reconoció que 'hay que esperar a ver si el Tribunal de Apelaciones paraliza los procedimientos, pero mientras tanto están ya las vistas señaladas'.
Santiago adelantó que se avecinan nuevas acusaciones que pasará la decena de acusados en el caso de Guaynabo.
NC: Y esta decisión es buena para el caso de Cataño también?
'Bueno, esto es bueno para todos. Para los que todavía faltan de Guaynabo y para la investigación de Cataño, si en su momento se llegara a radicar y se radican los mismos cargos, pues ya sabemos cuál es el pensamiento del juez. Ahora, hay que esperar la decisión del otro juez y la decisión del Tribunal de Apelaciones en su momento', dijo el fiscal Santiago, quien también encabeza la pesquisa del supuesto fraude electoral en Cataño.
Los 29 acusados enfrentan 110 cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia.
Hay otro grupo de 16 acusados cuyos casos son atendidos por el juez Pedro Saldaña, a quien la defensa también solicitó la desestimación de los cargos, pero ese magistrado no ha emitido su decisión.
La defensa argumentó sin éxito ante el juez Rivera que la ley aplicable en este caso es la especial, es decir la Ley Electoral, y no el Código Penal.
En una entrevista reciente, el fiscal no quiso contestar si alguno de los imputados se ha acercado a la fiscalía para cooperar o negociar algún acuerdo.
Tampoco quiso decir si es definitivo que el alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, está fuera del escenario y de la vista de Justicia.
'La investigación continúa todos los días', destacó el fiscal Santiago.
El presunto esquema de fraude consistió en que directores de dependencias municipales y empleados de nivel intermedio de Guaynabo visitaron urbanizaciones de clase alta de ese ayuntamiento para hacer un inventario de residencias de alquiler y que estuviesen a la venta para ser utilizadas fraudulentamente en las pasadas primarias del PNP.
El alcalde O'Neill no fue acusado debido a que fue exonerado de toda responsabilidad por un comité de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó el fraude.
El informe, que contiene 183 páginas y un voluminoso anejo, señala que hubo 50 electores que cometieron fraude al realizar trasferencias ilegales de residencia para favorecer a ambos candidatos: Antonio Soto, el protegido de O'Neill y proclamado como vencedor; y el derrotado candidato, Ángel Pérez.
Pero a O'Neill lo exculpa, por los menos, en cuanto a la evidencia directa.
'No hay prueba testifical, ni documental directa que vincule al honorable Héctor O'Neill García con un esquema de transferencia ilegales en relación con la primaria del 18 de marzo (2012)', dijo el presidente de la CEE, Héctor Conty, cuando presentó a la prensa el voluminoso informe.