Una reciente decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston ha sacado a la luz pública un enredo de intrigas en la ya desaparecida Administración de Reglamentos y Permisos, o ARPE, bajo su ex-administrador Humberto Marrero Recio.

El panel de tres jueces del Circuito de Boston sostuvo el 22 de julio una decisión emitida por la Jueza Federal Aida Delgado quien había determinado que Rosemarie O'Connell, ex directora de Recursos Humanos de ARPE, no podía reclamar daños por violaciones a su libertad de expresión y asociación en un caso por despido injustificado contra Marrero Recio y el ex sub-administrador de ARPE, Jorge García Faneytt.

No obstante, el documento expone un cuadro de las intrigas ocurridas en ARPE bajo Marrero Recio, quien posteriormente fue nombrado por el ex gobernador Luis Fortuño para dirigir la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, o AFI.

Marrero Recio fue obligado a renunciar a AFI en el 2011 por el escándalo que se suscitó al salir a la luz pública un patrón de gastos alegres, malgasto de fondos públicos y conflictos de intereses en contratos en la agencia bajo su mandato.

En la demanda, O'Connell, una partidaria del PNP, alega que Marrero Recio la hostigaba por su afiliación política y la quiso obligar a cometer actos ilegales.

Los problemas de O'Connell con Marrero Recio comenzaron en mayo del 2009 por una primaria en la que ambos favorecían diferentes candidatos.

'Cuando Marrero se enteró que O'Connell favorecía un candidato diferente (al de él) en la elección, le prohibió hacer campaña por su candidato. Marrero Recio también la amenazó al decirle que no quería ni enterarse que ella había votado por su candidato favorito en la primaria,' según los hechos del caso.

O'Connell no le hizo caso y votó por su candidato favorito, pero días después, Marrero Recio le informó que sabía cómo ella había votado en la primaria y le prohibió participar en actividades políticas durante su tiempo libre.

Marrero Recio también les ordenó a otros empleados 'espiar' a O'Connell.

La demanda alega que un panfleto clandestino circuló en la agencia, el cual decía que O'Connell estaba siendo monitoreada por cámaras de video y que también la acusaba de tener un empleo en el sector privado paralelamente con el de ARPE.

O'Connell y Marrero tuvieron otro encontronazo en torno a la implementación de la Ley 7, la Ley de Emergencia Fiscal, que resultó en el despido de miles de empleados públicos bajo Fortuño.

O'Connell era responsable bajo la Ley 7 de determinar y proveer a una Junta de Estabilización un listado de los empleados y sus años de servicio para que la junta pudiera hacer determinaciones de reducción de nómina en la agencia. Bajo la Ley 7, los empleados públicos tenían 30 días para apelar cualquier determinación errónea acerca de sus años de servicio.

En un intento por impedir el despido de ciertos empleados afiliados al PNP, O'Connell alegó que Marrero Recio quiso obligarla a 'falsificar' los expedientes de personal para aumentar los años de servicio de los empleados.

No obstante, O'Connell rehusó acatar las instrucciones de Marrero Recio alegando que los empleados habían fallado en apelar el tiempo calculado por años de servicio dentro de los 30 días provistos por la Ley 7. Además, sostuvo que era ilegal cambiar los números adjudicados por la Junta de Estabilización.

La relación de Marrero Recio y O'Connell empeoró a medida que ella rehusaba acatar sus instrucciones que ella entendía tenían motivaciones político partidistas. A modo de ejemplo, O'Connell rehusó restituir a su empleo a un partidario del PNP que había sido despedido por ser deshonesto. También O'Connell rehusó no acatar instrucciones de que ignorara un pedido de la Oficina de Ética Gubernamental solicitando información sobre posible conducta antiética en la agencia así como de que ignorara pedidos de información hechos por empleados que eran considerados traidores por tener amistad con empleados de otros partidos.

También, O'Connell rehusó acatar una orden de que transfiriera a un empleado como castigo por apoyar el partido en contrario.

Al justificar su negativa para no acatar sus instrucciones, O'Connell le dijo a Marrero Recio que sus pedidos podrían traer repercusiones legales en contra de la agencia.

Marrero Recio le contestó que estaba decepcionado con ella. En una ocasión en que O'Connell restituyó en su empleo a un partidario del PNP que apoyaba a un candidato que no era del agrado de Marrero Recio, éste, alegadamente, le ordenó a otro empleado que le dijera a ella que aquellos que no le obedecían serían despedidos. Al hablar con O'Connell, el empleado en cuestión hizo un gesto en que se pasaba un dedo de un lado al otro del cuello.

Además, el empleado le dijo a O'Connell que sabía en donde trabajaba su esposo y donde estudiaba su hija.

O'Connell presentó su renuncia el 9 de octubre del 2009 para que fuera efectiva el 15 de diciembre. Luego de recibir una oferta de empleo para laborar en la Autoridad de Edificios Públicos, O'Connell decidió irse el 30 de octubre del 2009.

No obstante, en su primer día de trabajo en la Autoridad de Edificios Públicos, el ex secretario, Jesús Méndez, quien también figura como demandado, la despidió alegando que Marrero Recio había amenazado con crear problemas para la autoridad si él la contrataba.

Cuando O'Connell salió de la agencia, se topó con una hoja suelta que informaba que ella había sido despedida de la autoridad.

Decisión del Primer Circuito de Apelaciones Caso Marrero Recio - NotiCel_3403