Convencido de que el ejercicio democrático del derecho al voto en Puerto Rico fue validado una vez más durante el recien culminado cuatrienio, el juez Hector Conty Perez se despidió ayer de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Tan pronto como hoy 8:30 a.m. se debe reportar al Tribunal Superior de Aguadilla, donde retomará su quehacer en la judicatura.

Conty presentó su carta de renuncia ante los comisionados electorales el pasado 11 de julio. Habló de compromisos familiares impostergables y de la demora

Antes, reflexionó sobre los tres años y 11 meses que lideró los trabajos en la CEE, un período muy atípico en el que le tocó gestionar un referéndum 90 días antes de las elecciones, unas elecciones con seis partidos, cuatro inscritos por petición, y un plebiscito el mismo 6 de noviembre de 2012. Además, en Ponce corrió un partido adicional, y en el referéndum se incluyó a la Alianza Pro Libre Asociación Soberana.

'Acepté este trabajo con conocimiento de causa, pero confieso que muchas de las situaciones ocurridas no fueron previstas'.

Aun así, dice, la sensación es de satisfacción.

Un logro que adjudica, no a su persona, sino a su equipo de trabajo es 'haber conseguido la apertura de la Comisión Estatal de Elecciones y traer aquí la tecnología del siglo XXI'.

'Cuando llegué, la comunicación de la Comisión con las Juntas de Inscripción Permanente era por fax. Ahora nos comunicamos por intranet'.

Además, Conty celebra que por primera vez se cumplió a cabalidad con la legislación federal sobre el derecho al voto, asegurándole esta oportunidad a los militares y estudiantes que se encontraban fuera de Puerto Rico para la fecha de la votación. Asimismo, se llevó a cabo el voto por teléfono a través de las 1,500 unidades electorales.

El escrutinio electrónico, destacó, evitaría situaciones como la que enfrentó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, que cerró con 11,000 votos menos de los que realmente recibió. El recuento a mano certificó el resultado que la colocó en cuarta posición entre los 11 senadores por acumulación.

Entre los retos con los que tuvo que lidiar aparecen las primarias del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático del 18 de marzo de 2012, sobre las que se denunciaron instancias de fraude en Guaynabo, Cataño y Villalba.

Qué sabor le dejaron esas denuncias e investigaciones sobre fraude electoral?

'Fue una situación que me obligó a descargar al máximo los poderes de mi posición. El sabor que tuvimos fue que a través de una determinación mía, validada mediante una estipulación del Tribunal Supremo, tuvimos que meter la comisión a correr los proceso de los partidos.' Entre su lista de pendientes figura la sugerencia de que se mantenga la participación de la Comisión Estatal de Elecciones en las primarias, 'salvaguardando la autonomía de los partidos políticos, pero todo lo que sea uniforme que no sean los partidos los que lo corran, sino la comisión que es una institución pagada con fondos públicos'.

Pero el momento más difícil llegó tres días antes de las elecciones cuando estaba por verse si las personas que no se habían inscrito durante el período dispuesto obtendrían autorización del tribunal federal para votar.

Es el llamado caso de los I-8. 'Fue mi situación de mayor dificultad porque ya habíamos organizado todo un proceso eleccionario y si se cambiaban esos parámetros no podíamos tener unas garantías. Afortunadamente, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston nos dio la razón y se pudieron celebrar los procesos como los habíamos estructurado'.

Qué dejó pendiente?

'El escrutinio electrónico', menciona. Pero asegura que su equipo de trabajo dejó todo listo, incluso una reserva de aproximadamente $15 millones. Faltaría una asignación de $5 a $10 millones adicionales para que se pueda hacer la licitación en los próximos meses.

'Se deja todo preparado. Ahora, si no se hace con todo el tiempo que ya existe, sería muy lamentable'.

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