La firma de telecomunicaciones, Network Communications International, Corp. o NCI ha radicado un mandamus contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación para obligar a la agencia que comience un proceso de subasta del contrato de servicio de llamadas entre la población penal.

La demanda, que incluye al Secretario Jose R. Negrón como demandado, tan solo espera por la certificación del tribunal para que se pueda diligenciar la misma a la agencia, según indicó el abogado de NCI, Juan E. Medina Quintana.

La empresa Global Tel Link (GTL), que ha sido señalada y hasta demandada en corte por sus prácticas monopolísticas, tarifas exorbitantes, prácticas cuestionables y pésimo servicio al cliente a familiares de confinados en los Estados Unidos, es la firma que se encuentra actualmente manejando el servicio de telefonía bajo un contrato que, de acuerdo a los demandantes fue extendido en violación al reglamento de subastas. Dicho reglamento requiere que se haga un proceso de licitación entre empresas elegibles para ofrecer el servicio.

De acuerdo a la petición de mandamus, radicada la semana pasada, el Departamento de Corrección permite a los confinados tener acceso a servicio de telefonía como parte del proceso de rehabilitación. El departamento contrató a GTL para ofrecer el servicio por medio de un contrato que ha sido altamente cuestionado.

Según información publicada por NotiCel, Corrección recibe de la empresa un 40% del total de lo devengado por las tarifas que fluctúan entre $2.50 y $3.00 por cada período de 15 minutos de comunicación telefónica.

Este dato surge ante casos en que usuarios de GTL en los Estados Unidos denuncian a la empresa y su conocida práctica de dejar caer las llamadas, obligando así a las personas a volver a comenzar la comunicación y pagar nuevamente la tarifa por otro período de 15 minutos.

El contrato con GTL se venció y en octubre pasado, Corrección comenzó un proceso de licitación para ofrecer servicio telefónico como se requiere para todo contrato cuyo valor exceda los $50,000.

NCI alega que licitó en la subasta porque es una empresa con vasta experiencia ofreciendo servicio de telefonía en varios países de América Latina y el Caribe.

La demanda alega que Corrección dejó sin efecto la licitación sin notificar a NCI como requiere el reglamento y el debido proceso de ley. La empresa intentó en vano comunicarse con oficiales de la agencia.

NCI se entera de que el contrato con GTL había sido renovado por una comunicación interna de la agencia.

'El mensaje es claro, el DCR está cambiando el servicio telefónico a los confinados y dicho servicio lo ofrecerá Global Tel Link, lo que sin duda alguna evidencia la contratación o renovación del contrato o extensión del contrato del servicio de teléfono para los Miembros de la Población Correccional. Al haber suscrito un nuevo contrato y/o renovado y/o extendido el contrato existente del servicio de teléfono para los Miembros de la Población Correccional entre el DCR y la compañía Global Tel Link, pone al descubierto la falta de cumplimiento con el Reglamento 6963, denominado como 'Reglamento de Subastas', dice la demanda.

La petición de mandamus le pide al Tribunal que ordene al secretario cumplir cabalmente con el reglamento de subastas y que anule el contrato con Global Tel Link 'porque está vencido y no se ha formalizado un proceso de subasta'.

Así también, los demandantes piden que se ordene al Secretario del DCR a cumplir su deber ministerial y proceda con la publicación de la subasta, comenzando el proceso de competencia para adjudicar al mejor postor el contrato de servicio telefónico.