Luego de un fallo adverso del Tribunal de Apelaciones en el caso criminal contra los implicados en el fraude electoral de las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo, uno de los abogados defensores, Ernie Cabán, adelantó a NotiCel que el próximo paso será acudir al Tribunal Supremo porque insiste en que el foro de Primera Instancia no tiene jurisdicción.

'Yo entiendo que es una decisión errada del Tribunal Apelativo porque como había dicho anteriormente lo que sucede en este caso es que la ley especial (que regula los procesos electorales) contempla la conducta que están criminalizando por el Código Penal y si la ley especial contempla esa conducta domina la ley especial', dijo el exfiscal a este diario digital.

'Si la ley especial no contemplara la conducta que están tipificando o están procesando a través del Código Penal, tal vez entonces sí podía aplicarse el Código Penal de manera supletoria, pero como la contempla y tiene un proceso establecido para ese tipo de conducta, pues la ley especial está por encima de la general. Me parece que fue una decisión errónea, equivocada y hay que considerar si se lleva el asunto al Tribunal Supremo porque es un asunto de falta de jurisdicción. O sea, que del tribunal (Supremo) validar nuestra posición, el tribunal (de Primera Instancia) no puede actuar, no tiene jurisdicción para atender ese asunto', insistió.

Empero, el Tribunal de Apelaciones declinó atender en esta etapa de los procedimientos la alegación de los imputados de que no se les puede encausar por delitos bajo el Código Penal de Puerto Rico, al amparo del principio de especialidad, y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para continuar con el procedimiento criminal contra los acusados. Se ordenó la celebración de Vista Preliminar en donde el foro primario determinará si existe causa para acusar a los peticionarios por los delitos imputados de perjurio, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos en violación a los Artículos 216, 219, 223, y 274 del Código Penal de Puerto Rico del año 2004.

Cabán indicó que espera que el Supremo analice su argumento en sus méritos y que les dé la razón.

'Yo lo que espero es que resuelvan conforme a derecho. Aquí el panel del Tribunal Apelativo que resolvió fueron jueces nombrados por la administración anterior y fallaron en contra, o sea la misma administración que domina el Supremo. Yo lo que espero es que el Tribunal Supremo, de llevarse el caso ante su consideración, resuelva conforme a derecho', destacó el abogado de defensa.

Ayer, el secretario e Justicia, Luis Sánchez Betances, se mostró complacido con el fallo a favor del ministerio público.

'Con esta decisión, el Tribunal de Apelaciones acogió la postura del Departamento de Justicia (DJ), expresada por la Oficina de la Procuradora General, de que el Tribunal de Primera Instancia es el foro con jurisdicción para atender las denuncias que pesan contra los peticionarios y para encausar a los imputados en este caso', indicó Sánchez Betances.

Agregó que el foro apelativo dictaminó que 'el argumento de los peticionarios en cuanto a que el foro primario carece de jurisdicción por tratarse de un asunto delegado a la CEE, no se sostiene aún bajo el análisis más superficial de derecho'.

'Me complace mucho esta decisión en la que el foro apelativo ha sostenido la posición del DJ con relación a este caso. Continuaremos con el proceso en el Tribunal de Bayamón, presentando nuestros argumentos y evidencia, para asegurarnos que el atentado contra la democracia perpetrado por aquellos que cometieron delitos en este proceso electoral no quede impune', terminó diciendo el secretario de Justicia.

Anteriormente, el juez superior de Bayamón, Alvin Rivera, declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de los cargos contra el primer grupo de 29 acusados por el fraude electoral en las primarias del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo.

Los 29 acusados enfrentan 110 cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia.

Hay otro grupo de 16 acusados cuyos casos son atendidos por el juez Pedro Saldaña, a quien la defensa también solicitó la desestimación de los cargos, pero ese magistrado no ha emitido su decisión.

El presunto esquema de fraude consistió en que directores de dependencias municipales y empleados de nivel intermedio de Guaynabo visitaron urbanizaciones de clase alta de ese ayuntamiento para hacer un inventario de residencias de alquiler y que estuviesen a la venta para ser utilizadas fraudulentamente en las pasadas primarias del PNP.

El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, no fue acusado debido a que fue exonerado de toda responsabilidad por un comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones que investigó el fraude.

El informe, que contiene 183 páginas y un voluminoso anejo, señala que hubo 50 electores que cometieron fraude al realizar trasferencias ilegales de residencia para favorecer a ambos candidatos: Antonio Soto, el protegido de O'Neill y proclamado como vencedor; y el derrotado candidato, Ángel Pérez.