El Seguro Social arreciará las medidas para tratar de evitar que las personas que solicitan beneficios por incapacidad cometan fraude en el futuro, informó a NotiCel el director de comunicaciones de la Administración del Seguro Social Región de Nueva York, John Shallman.

Tras las acusaciones federales, se reevaluarán más de 6,000 solicitudes de beneficios por incapacidad para determinar si se mantienen los beneficios.

'Como resultado de esta acusación, el Seguro Social revisará aproximadamente 6,600 solicitudes de incapacidad basados ​​en evidencia médica suministrada por los médicos que fueron acusados. Si las pruebas restantes no permiten una asignación, el beneficiario será notificado y se le dará la posibilidad de presentar nuevas pruebas médicas. Los beneficiarios serán notificados si sus beneficios se terminarán y se evaluará si ha habido un pago en exceso. Estas revisiones se llevarán a cabo fuera de Puerto Rico', precisó Shallman.

Ello porque, en la actualidad, aproximadamente 185,000 puertorriqueños reciben beneficios por incapacidad del Seguro Social, lo que representa un pago anual que hacen a la isla por $2,200 millones. Esa cifra incluye las 75 personas, incluyendo tres galenos, arrestadas por autoridades federales el miércoles por un millonario fraude al Seguro Social, reconoció Shallman en entrevista telefónica con este diario digital.

Shallman indicó que ya se iniciaron los pasos para detener los pagos de beneficios.

'Estamos trabajando para suspender sus beneficios hasta que esta investigación haya terminado y que sus casos se hayan resuelto', dijo el funcionario federal a este diario digital.

Shallman destacó que tienen un 'robusto' sistema de detección de fraude y referidos, pero reconoció que, en adelante, se harán mayores esfuerzos para identificar y procesar a aquellas personas que cometen fraude contra el Seguro Social.

'El proceso funcionó. Fueron los empleados diligentes del Servicio de Puerto Rico Determinación de Discapacidad (DDS) _financiados y entrenados por la SSA para tomar determinaciones médicas_ que identificó por primera vez la acción criminal de los médicos involucrados en este caso y trajo esta conspiración a la atención del Inspector General de la Seguridad Social y la aplicación de la ley', indicó a NotiCel.

'Con el establecimiento en Puerto Rico de la Unidad de Investigaciones Cooperativas de Discapacidad (CDI) y una mayor atención a las sospechas de fraude en el programa de discapacidad antes que los solicitantes empiecen a recibir los beneficios, ahora tenemos una herramienta adicional para asegurar que los solicitantes sólo con discapacidad reciben beneficios', afirmó Shallman.

Destacó que el nuevo personal del CDI investigará con mayor rigurosidad las solicitudes individuales de discapacidad y los beneficiarios para identificar a abogados, médicos, traductores y otros terceros, incluyendo a los representantes que no son abogados, que 'facilitan el fraude por discapacidad' para procesarlos judicialmente.

La jefa de la fiscalía federal en la isla, Rosa Emilia Rodríguez, indicó ayer que Puerto Rico ocupa uno de los primeros lugares de todas las jurisdicciones estadounidenses en reclamaciones fraudulentas por incapacidad al Seguro Social.

Los cargos contra los arrestados, entre los que se encuentra un fisiatra, un médico generalista y dos psiquiatras, además de un exempleado de las oficinas del Seguro Social y 71 otros beneficiarios, se produjeron luego de dos años y medio de investigaciones por parte del FBI en conjunto con la Oficina del Inspector General del Seguro Social. Ello debido a que los médicos involucrados en este patrón de solicitudes eran sospechosos desde hace algún tiempo tras haber estudiado y analizado documentos con ciertos patrones, que fueron sometidos por el FBI de San Juan y la Policía de Puerto Rico. También se realizaron numerosas entrevistas, ejercicios de vigilancia y otras actividades que no se pueden detallar por estar en medio de la investigación.