La reciente destitución del exjuez Reinaldo Santiago Concepción por el Tribunal Supremo así como la creación de una escuadra del FBI dedicada exclusivamente a corrupción judicial, han sacado a la luz la falta de acceso a información de los nominados a jueces tanto en el Senado como en La Fortaleza.

En La Fortaleza, los interesados en entrar a la judicatura se supone que sometan un expediente a la Oficina de Nombramientos Judiciales con sus credenciales, trasfondo laboral, referencias personales y profesionales, y otra información. Sin embargo, una ley del exgobernador Rafael Hernández Colón declara que estos expedientes son confidenciales y que el funcionario público que los divulgue comete delito menos grave. En la esfera federal los expedientes de las personas que son consideradas para el Tribunal Supremo, como pasó con la puertorriqueña Sonia Sotomayor, son publicados y discutidos abiertamente, creando la situación de que en Puerto Rico tenemos más información sobre el trasfondo de una jueza del Tribunal Supremo federal que lo que tenemos de un juez municipal.

En el caso del Senado, su expresidente, Thomas Rivera Schatz, emitió una orden administrativa en 2010 que, entre otras cosas, ordenaba la destrucción de los expedientes de los nominados, incluyendo el de Santiago, al final del cuatrienio.

En su Artículo X, la orden administrativa 10-55 establece que el 'Oficial Investigador ordenará y supervisará, la destrucción de cada expediente previa autorización del presidente del Senado, durante el periodo de tiempo dentro de los 30 días previos a que finalice la Decimosexta Asamblea Legislativa hasta los nueves días posteriores a la fecha en dicha Asamblea Legislativa finalizó sus labores.'

La orden administrativa, firmada por Rivera Schatz en abril del 2010, se mantiene vigente, según lo que pudo constatar NotiCel, ya que el actual presidente del Senado, Eduardo Bhatia, no la ha derogado. De hecho, las disposiciones sobre los expedientes en el actual reglamento del Senado son idénticas al del reglamento anterior.

En el caso de Santiago, el expediente destruido sería el lugar donde debería estar copia de una carta que, según fuentes de NotiCel, una exesposa envió al Alto Cuerpo advirtiendo de su carácter violento

Al final de cada cuatrienio, por disposición de una ley de la década del sesenta que creó la Biblioteca Legislativa, las comisiones legislativas deben hacer entrega a las secretarías de sus respectivos cuerpos de todas las actas e informes de las comisiones así como sus documentos suplementarios.

La Ley Núm. 59 del 1964 también instruye a los Secretarios de ambas Cámaras Legislativas a someterle a la Biblioteca Legislativa, copias del Diario de Sesiones, todos los informes de las comisiones, documentos suplementarios a los mismos, así como, toda publicación hecha por cada Cámara Legislativa.

La orden administrativa 10-55 fue un esfuerzo para mantener los expedientes de los nominados fuera del escrutinio público al regir la forma en que la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos lidiaba con los expedientes de los nominados. Entre otras cosas, la orden establecía que los expedientes eran confidenciales y que cualquier personal autorizado de la oficina tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad de no revelar información de los mismos.

La orden ordenaba que el expediente del nominado fuese custodiado por un oficial investigador nombrado por el presidente del Senado.

Los expedientes de los nominados no podían ser fotocopiados ni podían sacarse de la Oficina Técnica sin la autorización del oficial investigador. Además, cualquier senador que quisiese ver el expediente, que no fuera el presidente del Senado o el presidente a cargo de la comisión que haría la vista de confirmación, tenía que tener autorización del presidente del Senado para poder ver el expediente. Esto impedía a la minoría poder hacer su labor de fiscalización, supo este medio.

NotiCel contactó a Rivera Schatz por medio de su oficial de prensa para recibir reacciones, pero al momento no ha recibido respuestas.