En momentos en que dos legisladores de minoría han manifestado la intención de referir al presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, David Chafey, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por su participación en la aseguradora Triple S a la par de sus funciones gubernamentales, dicha dependencia fue cautelosa en afirmar si iniciarán una pesquisa contra el funcionario.

La posición de Chafeyes cuestionada ya que la aseguradora Triple S negoció con el Gobierno un nuevo contrato dentro de Mi Salud, y este aceptó una concesión de varias acciones con un valor aproximado de $50,000

La licenciada Zulma Rosario, directora de la OEG, dijo a NotiCel que 'cuando se tratan de investigaciones que se están llevando a cabo o que potencialmente se pueden llevar a cabo por parte de esta Oficina, nosotros no hacemos absolutamente ningún tipo de manifestación pública…Eso es una cuestión de estrategia de investigación, porque eso es anticiparle a cualquier servidor público que estamos en ese proceso'.

Rosario dejó claro que la OEG sí tiene jurisdicción para investigar a Chafey, quien es miembro de la Rama Ejecutiva.

De una revisión al Capítulo IV de la Ley de Ética Gubernamental se desprende que los servidores públicos:

1. No pueden utilizar su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener un beneficio para él o una persona privada o negocio, ya sea de manera directa o indirecta.

2. Tampoco pueden aceptar o solicitar, de manera directa o indirecta, un beneficio de parte de una persona privada o negocio para realizar, acelerar, dilatar o dejar de hacer sus funciones.

3.No pueden aceptar o solicitar, de manera directa o indirecta, un beneficio para él/ella, para otra persona, entidad o negocio, con el objetivo de influenciar a favor de esta u otra persona privada o negocio.

4. Asimismo, no puede ofrecerse a influenciar en los trabajos de otro funcionario público, a cambio de obtener o tratar de obtener un beneficio.

5. Les queda prohibido el revelar o utilizar información o documentos confidenciales que obtuvo por sus funciones dentro del Gobierno para obtener directa o indirectamente un beneficio para él o para una persona privada o negocio.

6. No les es permitido intervenir de forma directa o indirecta en asuntos en los que tenga conflictos de interés o algún familiar, socio u otra persona con la que conviva lo tenga, y que sus acciones les beneficien.

7. No debe llevar a cabo acciones que pongan en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.

8. No puede aceptar o mantener un empleo o relaciones contractuales o de negocio, o responsabilidades independientes a su cargo público, que aunque sean prácticas legales, los ponen en una posición de que se afecta su independencia de criterio al momento de ejecutar sus funciones.

9. No les es permitido que acepten o mantenga un empleo o contrato que redunde en una ventaja indebida de una persona privada o negocio que este reglamentado o mantenga relaciones contractuales, comerciales o financieras con la agencia para la que labora o que tiene la capacidad de decidir o influenciar en sus acciones en favor de dicha persona o negocio.

10. Tienen prohibido aprobar o autorizar contratos de personas privadas o negocios, conociendo que existe un conflicto de interés entre la agencia contratante y los intereses privados.

De ocurrir violaciones a algunas de estas disposiciones, pudiera conllevar a penas en prisión de entre 4 a 10 años, dependiendo de la acción cometida. Y multas de entre $5,000 o $10,000, trabajo comunitario y/o la revocación o suspensión de licencias, permisos o autorizaciones. Además, las personas que resulten convictas no podrán volver a trabajar con en el Gobierno.

En expresiones escritas emitidas el miércoles, Chafey rechazó que hubiera influenciado en la decisión del Gobierno de darle a Triple S un contrato para administrar todas las regiones de Mi Salud. Y aseguró que hasta el momento no habría participado en ninguna conversación gubernamental relacionada a dicha aseguradora.

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