El gobernador Alejandro García Padilla enviará hoy a la legislatura un anteproyecto de ley que busca restablecer el requisito de colegiación como condición para ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico.

Al restablecer este requisito, el gobernador busca garantizar el acceso a la justicia de las minorías y los más necesitados ya que el Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) es el principal proveedor de servicios legales en el país.

'El Colegio es un instrumento necesario para el mejoramiento de la práctica del derecho en Puerto Rico. Para que sea efectivo, es importante que el Colegio esté integrado por todos y todas las practicantes del derecho', explicó el mandatario sobre el fin que tiene la medida.

La medida deroga las Leyes 121 y 135 de 2009 e incorpora un nuevo artículo a la Ley 43 para crear el Fondo de Acceso a la Justicia. Este fondo tiene como propósito primordial ayudar a las instituciones y organizaciones que ofrecen servicios de acceso a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas que por razones económicas no puede sufragar representación legal.

De otra parte, el proyecto de administración dispone que se cambie el nombre de la institución a 'Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico'.

El gobernador envió también para consideración legislativa un anteproyecto que restablece el requisito de membresía al Colegio de Abogados y Abogadas y del Notariado de Puerto Rico para practicar la notaría en la isla. Los notarios están investidos de una función pública permanente que aporta imparcialidad y legitimidad a las transacciones que ante ellos se otorgan, por lo que esta medida persigue brindar mayor seguridad en el tráfico jurídico.

'Como abogado y colegiado activo entiendo la función imprescindible que tiene en el quehacer jurídico y en nuestra sociedad el Colegio. Es por esto que me comprometí a devolverle su sitial en Puerto Rico y lo estamos cumpliendo. Con esto buscamos poner fin a la legislación de castigo que la pasada administración le impuso a esta admirable institución', destacó García Padilla quien en el pasado integró varios comités de trabajo en el CAPR.

En el cuatrienio pasado, la mayoría legislativa y el exgobernador Luis Fortuño eliminaron la colegiación compulsoria, el requisito de ser colegiado para practicar la notaría y despojaron al CAPR de ingresos que se designaban para servicios de la profesión y para la comunidad puertorriqueña.

Con el fin de devolverle las herramientas de recaudo, el pasado mes de abril el primer ejecutivo dio paso a tres leyes: la Ley 4 de 2013 que estableció que los expedientes de los letrados pertenecen al Colegio; la Ley 5 que devolvió la facultad de expedir fianzas notariales y la administración del Fondo de Finanzas Notarial; y la Ley 6 que restituyó a la centenaria institución la facultad de recibir los ingresos producto de la venta del sello notarial.