La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez aseguró que las investigaciones por narcotráfico y crimen violento en Puerto Rico se ven limitadas por los pocos recursos económicos que destina el gobierno de Estados Unidos a estas iniciativas, así como por la cantidad reducida de fiscales a su disposición, pero aseguró que Washington ya presta atención y que el escenario mejorará.

Como parte de su participación en un taller para periodistas sobre la cobertura del narcotráfico, Rodríguez sugirió que el país debería contar con dos oficinas de fiscales federales en vez de una, dada la magnitud del movimiento del tráfico de droga y la alta tasa de homicidios. 'Destruir a todos esos narcotraficantes y a todos esos organismos nadie se lo puede garantizar. Dudo que se pueda erradicar el problema de la droga. Lo que podemos hacer es controlarlo', comentó en el intercambio con los periodistas organizado por el Centro de Periodismo Investigativo.

En un país donde casi el 90% de los crímenes violentos tienen que ver con armas de fuego, la jefa de fiscalía enfatizó que su prioridad es lograr un mayor control de armas. El dinero, sin embargo, no da abasto. 'Yo cojo lo que me da Washington y con lo que me da, hemos sido creativos', reaccionó, e inmediatamente, reiteró que el gobierno federal se ha comprometido a otorgarles más dinero tras una visita que realizó un equipo en diciembre para observar las condiciones en las que trabajan. Aunque no especificó qué recursos adicionales tendrá, dijo que el aumento en fiscales, podría ser en número de dos dígitos. Resaltó también la cooperación del Departamento de Justicia de Puerto Rico que le tiene asignados seis fiscales locales a la iniciativa de armas de fuego.

En la actividad, la fiscal consignó que su equipo de trabajo consta de 35 fiscales en la división criminal, de los cuales 13 están en el área de narcóticos, lo que reconoce es un grupo demasiado reducido para responder a una población de casi cuatro millones de habitantes, y para atender las necesidades de un país que sirve de puente para el tráfico internacional. 'Los casos lo que reflejan es que hay muchos grupos (criminales). No sabría decirles cuántos. No tenemos información de carteles (latinoamericanos) que estén operando en Puerto Rico. Sólo sabemos que la droga entra por el área oeste desde Colombia, República Dominicana y Venezuela', aseguró por su parte la fiscal Miriam Fernández González.

La fiscal federal Miriam Fernández y la jefa de fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, en el taller del Centro de Periodismo Investigativo. (Suministrada)

El problema de la criminalidad ha empeorado en los últimos diez años, según Rodríguez. El perfil del bajo mundo también ha cambiado. Hace 30 años era común encontrar a personas de las altas esferas ocupadas del transporte aéreo o marítimo de la droga. Hoy, sin embargo, los narcos están en los residenciales, que son un total de 330 en toda la Isla. Al menos eso concluye la fiscalía. 'Todos los residenciales tienen un punto de droga. Por lo menos uno', aseguró confiada en el tipo de operativos que regularmente realizan en esos sectores.

Un negocio que no descansa y que se transforma

'Por qué no se dedican a reforzar la vigilancia costera para evitar la entrada de armas y drogas, en lugar de fijarse en los desgraciados de barriadas?', preguntó una periodista sobre esta apreciación de la fiscal. 'El que vende droga y se lucra de la enfermedad y hasta de la muerte de un drogadicto por sobredosis no es un desgraciado. El desgraciado es ese drogadicto que necesita medicalización', respondió Rodríguez, convencida de que la estrategia de ir punto por punto redunda en algún beneficio social.

La legalización, entiende, no sería efectiva en la erradicación del tráfico de drogas y el crimen violento debido a que siempre existirán otras sustancias controladas. El alguacil federal retirado, Roberto Vizcarrondo, lo consideró, sin embargo, una alternativa y llamó a un mayor activismo para evitar que en cinco años el ambiente criminal sea más intenso. La advertencia se debe a que considera que los carteles mexicanos tienen libre acceso a la isla. 'México es dueño de Puerto Rico ahora mismo. Tienen el aeropuerto, la telefonía, las comunicaciones y van para la administración del Puerto Las Américas. De aquí a cinco años yo pronostico que Puerto Rico va a tener otra forma de hacer crimen', advirtió quien fue servidor público por casi 30 años, tanto en Puerto Rico como en la frontera de Estados Unidos y México.

La fiscal Fernández González apuntó que han encontrado que el patrón de lavado de dinero que utilizan los narcos es gastar en carros lujosos, lanchas y segundos hogares. Otra estrategia es abrir negocios que tienen gran flujo de efectivo como los puestos de gasolinas y tiendas de licores. El dinero también se mueve en el comercio al detal donde la conducta usual es pagar en efectivo. Ese patrón de consumo revela la otra capa de este negocio: los desarrolladores, dueños de marinas, vendedores de carros, y hasta cadenas internacionales que indirectamente se benefician de las ganancias del narco.

También están involucrados las personas del sector público y privado que aceptan dinero bajo la mesa o prefieren mantener el silencio. Vizcarrondo relató, por ejemplo, cómo en la investigación que llevó al arresto del capo Ángel 'Ángelo Millones' Ayala Vázquez hubo muchos cabos sueltos que nunca se atendieron. El Tribunal le aprobó la licencia de portar armas a pesar de su récord criminal. El policía asignado a la investigación de campo para la licencia se hizo de la vista larga. Al juez le dio lástima autorizar la orden de arresto porque ese día concluía su período de probatoria. 'Teníamos a ocho ex convictos con licencia de portar armas.Cómo es eso posible?', cuestionó, al referirse a la ganga que lideraba Millones.

Recientemente, el Negociado Federal de Investigaciones hizo titulares al anunciar que efectivo el 1 de octubre próximo comenzaría a operar una escuadra específicamente para investigar corrupción judicial.