Al igual que los alcaldes asociados, los alcaldes federados del Partido Nuevo Progresista (PNP) están que trinan contra Jose Pagán, el presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento, por negarles financiamiento para poder operar.

La Federación de Alcaldes tendrá su reunión mensual hoy, viernes. Al igual que hizo la Asociación de Alcaldes, se espera que la federación le haga un llamado al gobernador para que desista de recortar el .5% del impuesto de ventas y uso que le corresponde a los municipios para no afectar las arcas municipales.

'Que quede claro que nosotros no estamos en contra de que se reduzca el IVU; lo que no queremos es que se reduzca de los municipios. Al abrirse el abanico de productos que ahora pagan IVU, por qué no lo recortan del gobierno central?' dijo Reinaldo Paniagua, director ejecutivo de la federación.

De acuerdo con Paniagua, los alcaldes federados, al igual que los asociados, también están descontentos con la labor de Pagán al frente del Banco Gubernamental de Fomento porque este tomó la determinación de negar préstamos a los municipios debido al recorte del .5% que comienza en diciembre.

El alcalde de Camuy, Edwin García, dijo en entrevista radial que él es uno de los que ha sido fustigado por el BGF. '(Pagán) tomó decisión una decisión unilateral de no procesar préstamos a los municipios que aún tenemos margen prestatario bajo la categoría del IVU porque en diciembre ya no va a haber ese recurso. Si la ley comienza en diciembre para los municipios, hay préstamos que se pudieron procesar desde julio hasta noviembre', destacó.

Otro alcalde que se quejó de que el BGF ha rehusado 'constantemente' negarle préstamos lo es el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, a pesar de que ya ha hecho numerosos recortes a las operaciones de su municipio.

NotiCel solicitó entrevistar a Pagán para obtener su reacción pero este no devolvió llamadas de este medio digital.

En la agenda de la federación está la discusión de una demanda radicada por el alcalde de San Sebastián, Javier D. Jiménez Pérez, contra el Gobierno de Puerto Rico y la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, porque la Ley 3 le impone a los municipios una contribución adicional de $2,000 por cada persona que haya sido empleado municipal y que esté acogido al Sistema de Retiro.

La demanda expone que la Asamblea Legislativa no identificó ni asignó los recursos económicos para atender la obligación impuesta a los Municipios bajo la Ley Núm. 3, en violación a las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos. Paniagua dijo que la mayoría de los demás municipios PNP se han unido a la demanda.