'Apaga el televisor y vámonos'. Con esa frase popular, podría describirse la contundente ponencia del Departamento de Justicia respecto al proyecto que propone la creación de una denominada 'Comisión transectorial' que elaborará el plan decenal para el sistema público de enseñanza.

El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, estableció que sería inconstitucional delegar en una entidad privada poderes constitucionales delegados a la Legislatura y el Ejecutivo.

'El contenido de la medida que nos concierne, es menester indicar que, según consta del texto actual en la pieza legislativa, somos de la opinión que podría estarse violentando el procedimiento estatuido en la Constitución y el Código Político para la aprobación de política pública mediante la intervención de las Ramas Legislativas y Ejecutiva. Además, entendemos que la Asamblea Legislativa estaría delegando su poder constitucional de diseñar la política pública en el campo educativo por los próximos 10 años a entidades privadas. En ausencia de enmiendas dirigidas a corregir tales defectos, la medida aprobada en su día, podría enfrentar impugnaciones constitucionales', estableció Sánchez Batances.

El Secretario de Justicia también planteó que 'es demasiado amplio y no sabio', que el gobierno tenga que entregar al ente privado todos los documentos que así le sean requeridos.

'El problema es que el plan decenal lo aprueba una comisión y el gobernador estaría obligado a firmarlo y eso es lo que es inconstitucional', argumentó el funcionario, quien recordó que aún cuando el gobernador Alejandro García Padilla vete la medida la propia Asamblea Legislativa tiene poder para ir por encima del veto.

Recordó que una Legislatura tampoco puede obligar a otra y que pudiera una Asamblea Legislativa derogar el plan decenal, si finalmente se aprueba.

Sánchez Betances cuestionó, además, de dónde saldrán los fondos que la pieza legislativa asigna a la 'Comisión transectorial' que son consta de una aportación inicial de $2.2 millones y, luego de su creación, $360,000 anuales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, adelantó que bucarán la forma de salvar al proyecto para que no sea impugnada su constitucionalidad.

'El proyecto va a sufrir muchos cambios, incluso, se ha hablado de hacer un proyecto sustitutivo, pero lo más importante es que el espíritu de lo que se está discutiendo aquí, que es que todo el mundo está de acuerdo que hace falta un plan educativo a largo plazo y hay consenso sobre eso', destacó Perelló.

El líder cameral reconoció que las pasadas administraciones de rojos y azules han fracasado en desarrollar un plan educativo sustentable, por lo que defendió el establecimiento del plan decenal que surge como una recomendación de la sociedad civil.

'Yo acepto que hay una incapacidad de muchas administraciones de tener un sistema educativo que vaya a la par de las exigencias mundiales. Claro que tenemos un problema, claro que hemos sido incapaces como gobierno por los pasados 20 ó 30 años. Por eso llegó el momento de hacer las cosas diferentes', sostuvo.

A preguntas de NotiCel, Perelló rechazó vehementemente señalamientos de las organizaciones magisteriales que una de las metas del plan decenal sea privatizar escuelas.

'Si cualquiera que esté en este esfuerzo está detrás de adquirir o privatizar el sistema educativo del país, pues que se salga del esfuerzo. Incluso, nosotros vamos a dejar claro en el proyecto final que esto es un proyecto que en nada tiene que ver y que no se contempla la privatización del sistema de educación', puntualizó Perelló.