La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), ahora bajo fuego por su determinación de libertad para el exsecretario de Educación Víctor Fajardo, denegó recientemente solicitudes de libertad del expresidente cameral Edison Misla Aldarondo, y de la banquera Nancy Hernández Chávez. Este último caso fue revisado por el Tribunal de Apelaciones, que sostuvo a la Junta en su denegatoria de la solicitud de libertad.

En el caso de Misla, el confinado no solicitó la revisión, por lo que los detalles de su proceso permanecen cobijados por la confidencialidad con la que la ley privilegia los expedientes de libertad bao palabra de los confinados.

Pero en el caso de Hernández, la entonces confinada sometió un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones que produjo una decisión el 28 de noviembre de 2012 y en el que quedó vertido el detalle de su solicitud.

El juez ponente del panel apelativo que decidió a favor de la JLBP fue el expresidente cameral del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Vizcarrondo Irizarry y el razonamiento del tribunal provee la imagen inversa de lo que es el caso de Fajardo.

De lo que se conoce del caso de Fajardo, sólo lo dicho por su abogado porque la resolución de la JLBP no ha estado disponible, algunos de los elementos que pesaron en la decisión favorable son que el convicto tenía oferta de empleo, su edad, y su salud. Por admisión del propio secretario de Corrección, José R. Fernández, la opinión de la víctima en el caso de Fajardo no era posible considerarla porque, por reglamento, son sólo las víctimas naturales, personas, y no las jurídicas, como los gobiernos estatales y federales dueños del dinero que Fajardo robó para sí y para actividades políticas del Partido Nuevo Progresista y varios de sus candidatos.

En el caso de Hernández, el resumen del Apelativo indica que la mujer no pudo producir la carta que le garantizaba un empleo en un salón de belleza, que no había querido atender reclamaciones civiles pendientes en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) resultantes del esquema de fraude hipotecario millonario que perpetró en New York Mortgage Bankers, y que las víctimas de su delito, hombres y mujeres que se quedaron sin sus propiedades y que perdieron los pagos de sus hipotecas, indicaron que no debería ser beneficiaria del privilegio de la libertad bajo palabra.

'Este privilegio se otorgará a un miembro de la población correccional siempre que redunde en el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias establezcan que tal medida logrará la rehabilitación moral y económica del confinado', argumentó el tribunal.

'Del expediente ante nuestra consideración surge que la Junta hay abusado de su discreción. Su determinación no fue caprichosa, arbitraria, ni irrazonable, que nos mueva a intervenir con la determinación y apartarnos de la norma de conceder gran peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que administra', concluyó.

Hernández intentaba acortar una sentencia de seis años en custodia mínima que, según el documento del tribunal, extinguiría en febrero de 2013.

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Hernandez Chavez v Junta De Libertad Bajo Palabra - NotiCel_4091