La Junta de Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) decidió posponer hasta el 23 de octubre su decisión en torno al futuro del director ejecutivo de la agencia, Gil Rodríguez Ramos, por supuestamente despedir a una exempleada en represalia por señalamientos que hizo de irregularidades por otorgar contratos de forma ilegal, ocultar información a la junta e incumplir con sus determinaciones.

En la reunión se tomará también una decisión final sobre el destino del sub-director ejecutivo, Iván Toledo Colón, luego de que la AEP otorgara un contrato al mismo bufete que representa al funcionario en un pleito personal en el foro federal contra el ELA. El contrato, el cual fue rescindido, era para que el bufete representara a la agencia en pleitos laborales en el Tribunal Federal a pesar que la AEP no tiene al presente ningún caso en ese foro.

La Junta decidió posponer su decisión para darle oportunidad a la abogada de la agencia, Yolanda Ta Silveira, de presentar recomendaciones en cuanto a lo que la Junta debe hacer con ambos funcionarios.

'Ese día vamos a tomar una decisión. La licenciada tiene que rendir un informe', dijo la Nilda Muñoz Vissepó, quien es miembro de la junta.

Fuentes alegaron hoy que agentes del Negociado de Investigaciones Criminales del Departamento de Justicia entraron a la agencia en busca de documentos en la Oficina de Recursos Humanos relacionados al director ejecutivo.

No obstante, Muñoz Vissepó dijo desconocer acerca del operativo. 'Le aseguro que si eso ocurrió, tuvo que haber sido después de la reunión. Nosotros no supimos nada', declaró.

La información del operativo no se pudo corroborar de forma inmediata con el Departamento de Justicia.

Durante la reunión de ayer, la Junta escuchó el informe de un auditor interno, Luis Benítez Rodríguez, quien concluyo que Rodríguez Ramos otorgó de manera ilegal un contrato a la agencia de publicidad, MAAG Web, LLC, por la suma de $33,000. El informe encontró que el contrato tenía que ser aprobado por la Junta por ser uno de publicidad y que se había otorgado de forma retroactiva por una labor realizada con anterioridad.

El informe de auditoría confirmó una alegación hecha por la exdirectora de la Oficina de Servicios Legales de la agencia, Lisa Durán, en una querella contra Rodríguez Ramos luego de que este la despidiera. La querella alega que Durán fue despedida por haber hecho señalamientos de irregularidades. En el documento que NotiCel publicó en exclusiva la semana pasada, Durán también acusó a Rodríguez Ramos de ocultar información a la junta y de no obedecer sus determinaciones..

De otra parte, Benítez Rodríguez en el documento pidió a la Junta que interviniera para evitar posibles acciones disciplinarias contra él luego de que su investigación concluyera que el Director Ejecutivo de la agencia otorgó el contrato de publicidad de manera ilegal.

'La Junta decidió que se le iba a proteger de cualquier sanción contra él', dijo una fuente.

NotiCel supo que el presidente de la Junta, José Izquierdo, le pidió a la directora de la oficina de auditoría, Charmaine Santos, quien se había abstenido de intervenir en el caso que evaluara el expediente del auditor.

La junta también escuchó las declaraciones de Rodríguez Ramos pero Muñoz Vissepó no quiso pasar juicio sobre sus declaraciones.

Tampoco quiso entrar a decir que sanciones, si alguna, enfrentarían los funcionarios.

'Ya cuando escuchemos el informe, tomaremos una decisión', dijo.