Varias agencias se oponen al Proyecto del Senado 516 que crearía la Ley de la Democracia Participativa para que las reuniones de las agencias gubernamentales y corporaciones públicas sean abiertas al público.

La idea del llamado 'Sunshine Act' criollo es mantener a la ciudadanía informada y que puedan participar de las decisiones que los afectan. No obstante, algunas agencias advirtieron la semana pasada que la medida tendría el efecto de entorpecer las labores de las Juntas de Gobierno.

Una de las agencias que se opuso fue la Autoridad de los Puertos que advirtió que el alcance de la medida, la cual abriría todas las reuniones al público, era muy amplio.

Rolando Torres, sub-director ejecutivo de Puertos, dijo que no se opone a que se divulgue información pero que existen ya mecanismos para que las personas puedan insertarse en las decisiones que toma la agencia.

Destacó que Puertos está a cargo de todos los aeropuertos y puertos por lo que no es inusual que se discutan temas que afecten a los ciudadanos.

Torres dijo que la medida obligaría a la agencia a 'sectorizar cada asunto' de manera que los ciudadanos puedan participar y que eso haría difícil que la Junta de Gobierno pueda llevar a cabo sus funciones.

La medida del senador Popular Miguel Pereira excluye reuniones que se hagan en el Senado y la Cámara de Representantes, la Rama Judicial, la Oficina del Gobernador y todas sus oficinas adscritas, la Guardia Nacional de Puerto Rico, los municipios y la Comisión Estatal de Elecciones de sus disposiciones.

Además, las agencias no tendrían que abrir sus reuniones al público cuando se trate de normas y procedimientos de recursos humanos, asuntos expresamente excluidos por ley, reuniones que divulguen secretos comerciales o financieros, reuniones que vinculen personas en la comisión de delitos, información que invada la intimidad de personas, e información obtenida durante la regulación y fiscalización de instituciones financieras.

Por su parte, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no favoreció el proyecto porque asegura que la corporación ya cumple con la medida al incluir a los ciudadanos dentro de sus reuniones.

Luis García Pelatti, presidente interino de la Junta de Directores de la AAA, dijo que la Junta tiene ya representantes de los consumidores y que sus minutas son públicas.

'Ahora bien, en las reuniones de la Junta se discuten asuntos de naturaleza sindical, entre otros, que de ser publicados podrían tener un efecto desestabilizador en las relaciones obrero patronales de la corporación pública', indicó García Pelatti.

Durante su ponencia en la vista de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, García Pelatti recomendó la consolidación de la medida con el Proyecto del Senado 502 que obliga a las agencias a transmitir sus reuniones por Internet.

La medida, de la autoría del portavoz de la Mayoría del Senado, Aníbal José Torres, está pendiente de evaluación en la Cámara.

De otro lado, la presidenta del Panel de Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, dijo que el Proyecto del Senado 516 podría dar paso a invocar derechos que no están reconocidos en la Ley Orgánica del FEI tal y como está redactada.

'Somos del criterio que el esquema general provisto en la medida resulta contrario a lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica y al balance de intereses que exige proteger las investigaciones y el debido proceso de Ley', dijo Cotto Vives.

Dijo que es preciso que se tome conocimiento de la necesidad de que en etapas preliminares de procesos investigativos es necesario tener la capacidad de poder trabajar consideraciones de confidencialidad, intimidad e información confidencial.

Además, el Director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Javier Ramos, favoreció la legislación puesto que por recibir fondos federales y no contar con una Junta ya cumplen con los requisitos de participación ciudadana que emanan de la Ley Federal de Derechos Civiles. Sin embargo, Ramos dijo que la Legislatura deber ser cautelosa y buscar una alternativa que tenga el mismo efecto sin necesidad de abrir todas las reuniones al público.

Otro que avaló la medida fue la Comisión de Derechos Civiles.