Con la objeción de la contralora Yesmin Valdivieso, el Senado aprobó una medida que obligaría a su oficina a identificar las personas naturales o jurídicas objeto de señalamientos en los informes de auditorías que se hacen en las agencias.

La falta de identificación de los actores en los hallazgos de la Contraloría han sido un punto de contención entre esa oficina y la prensa desde hace más de una decada, cuando el excontralor Manuel Díaz Saldaña dio a los señalados el beneficio del anonimato, lo que no tenían con su antecesora, Ileana Colón Carlo.

Mediante el P. del S. 636 se propone una segunda enmienda a la Ley del Contralor para establecer que los informes de auditorías de la Oficina del Contralor constituirán documentos públicos una vez sean radicados ante la Oficina del Secretario de cada cuerpo legislativo. La medida ahora pasaría a la consideración de la Cámara de Representantes.

Antes de su aprobación en el Senado, Valdivieso se opuso a la medida porque ya el reglamento permite la divulgación de los nombres objeto de los señalamientos cuando la persona haya tenido oportunidad de expresarse sobre los hechos y someter la evidencia que entienda pueda demostrar que no ha incurrido en irregularidades o violaciones de ley.

Según el informe, la Contralora indicó que con tal proceder se protege la reputación de las personas objeto de sus informes en caso de que las entidades con jurisdicción para encauzar posteriormente decidan no llevar un proceso civil, criminal o administrativo contra tal persona.

Valdivieso alegó los informes preparados por la Oficina del Contralor son referidos a las entidades públicas con autoridad en ley para tomar las acciones judiciales o administrativas pertinentes. La información referida a estas agencias incluye entre otras cosas el nombre de las personas objeto de investigación. Destacó que incluir el nombre de las personas objeto de investigación en sus informes podría afectar investigaciones criminales en proceso o lesionar derechos constitucionales de la persona implicada en la investigación y fomentaría la transparencia y la confianza.

No obstante, el senador Ángel R. Rosa, presidente de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado, que evaluó la medida, los informes de auditoría presentados por la Oficina del Contralor sirven de herramienta para garantizar que los fondos y recursos gubernamentales sean utilizados conforme a lo exigido por la ley y las normas de sana administración pública.

Rosa dijo que dar la más amplia publicidad a estos informes, y su contenido, serviría de disuasivo, como herramienta de fiscalización, y fomentaría la confianza y transparencia.

'Los informes de auditoría que prepara su oficina contienen únicamente la opinión de esa agencia respecto a la información obtenida y evaluada en sus investigaciones. Sus informes solo presentan señalamientos sobre posibles violaciones a leyes y reglamentos', dijo Rosa al destacar que no se afectarían investigaciones.

'Por tal razón, el hecho por si solo de haber sido una persona señalada en una investigación del Contralor no acarrea necesariamente una subsiguiente encausamiento de un procedimiento criminal, ético o administrativo en su contra', dijo Rosa.