En medio de recortes millonarios al Departamento de Educación (DE), la legislatura aumentó el presupuesto a las entidades privadas que forman parte del proyecto CASA, muchas de ellas con modelos de enseñanza acelerado, mientras se inician esfuerzos para desmantelar la comisión que las regula y para ampliar su poder en las regiones educativas.

El aumento de $3 millones al Proyecto de Centro de Apoyo y Servicios al Alumno (CASA) no sólo contradice toda la política de recortes al sistema público e incluso a instituciones probadas que componen la Alianza para la Educación Alternativa, sino que es contrario a la Ley 213-2012, o 'Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de Puerto Rico', que establece una cantidad fija de fondos para cada programa.

Este Ley identifica como entidades de Educación Alternativa a escuelas que atienden de forma integrada a niños y jóvenes que han abandonado la escuela, que a su vez están asociadas en dos grupos distintos: el Proyecto CASA bajo el DE y la Alianza de Educación Alternativa, cuyas asignaciones de fondos estriban en $7 millones para el primer grupo y $12 millones para el segundo.

Consciente de esa disposición, la senadora Maritere González radicó en abril del año pasado, el proyecto del Senado 1041 para aumentar el presupuesto a los proyectos CASA y establecer nuevos centros en las regiones educativas por toda la Isla. Pese a que fue aprobado en el Senado, la Cámara no ha votado por la medida, por lo que la asignación presupuestaria viola las condiciones de la Ley al otorgar $10 millones a ambos sectores (una disminución para la Alianza y un aumento a CASA).

Bajo la Administración García Padilla, la legislatura ha incumplido consecuentemente con la cantidad de fondos que exige la Ley, pero a diferencia de años anteriores en que se había otorgado menos dinero a ambos sectores, este año se otorgó un aumento al proyecto CASA, que integran figuras reconocidas como Deddie Romero y políticos como el alcalde de Ciales, Juan José Rodríguez Pérez.

La senadora González defendió su proyecto, al argumentar que pretende equiparar los fondos a ambos grupos, que a su juicio 'brindan opción verdadera a estudiantes, que salen del modelo tradicional'. Admitió que hay discrepancias entre ambos sectores, por lo que rápido criticó que estén los movimientos fragmentados porque 'es un flaco servicio que le estaríamos haciendo a la línea de escuelas alternativas'.

La Alianza teme, sin embargo, que en el argot popular se confunda el concepto de educación alternativa con un sistema de educación acelerado, que caracteriza a muchos de estos centros, cuyo enfoque es graduar a los desertores escolares en un periodo de tres meses. 'Para ser escuela alternativa tiene que ser acreditada en estándares que estamos escribiendo actualmente, y que requieren una formación integral, que requiere todo un tiempo de participación... En tres meses, apenas estoy terminando de conocer a mi estudiante. Los niveles de rezago son enormes', alertó el fundador de Nuestra Escuela, Justo Méndez,quien participó en la elaboración de la política pública del proyecto CASA bajo la Administración Acevedo Vilá.

La Comisión de Educación Alternativa está actualmente trabajando en unos estándares de acreditación para regular a las escuelas alternativas y exigir unos niveles de competencia, mas allá de las cifras de graduación. Este proceso lo exige la Ley 213, y se espera que se aprueben durante este año.

El propio secretario de Educación, Rafael Román, reconoció que en los últimos años se ha proliferado una gran cantidad de instituciones de programas acelerados 'que han desvirtuado la educación alternativa'. 'El país está claro de la necesidad de regular estos proyectos… con mi respaldo cuenta', comentó quien ha detenido la evaluación de proyectos nuevos esperando a que se completen los procesos de acreditación.

Sin embargo, desde La Fortaleza se sometió un proyecto por petición (PS 1413), para derogar el Artículo 5 de la Ley de Educación Alternativa, con la consecuencia de que se elimine la Comisión de Educación Alternativa y se adscriba al Departamento de Estado configurándose como un consejo asesor, minando de esta forma su poder y autonomía.

Fuentes legislativas aseguraron que no se espera que el proyecto se reaviveo se vea en esta sesión por la oposición que encontró. NotiCel contactó al portavoz de prensa del secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, para conocer el objetivo detrás de esa movida y si hubo cabildeo alguno, pero a la fecha de publicación no estuvo disponible para contestar.

Actualmente, los proyectos CASA incluyen las organizaciones National Talent Academy, de la cantante Deddie Romero; Professional Career Training; Aprende Conmigo; Enes Educational Group; Programa Educativo Alcance; y la Asociación Pro Bienestar de la Familia Comerieña, todos programas de educación acelerada. Destacan, además, el Proyecto CASA de la Universidad Interamericana de San Germán y CreArte como las más reconocidas y probadas dentro de este grupo.

La Alianza se configuró, por su parte, como corporación en 2009, cuando se unieron ASPIRA, Centros Sor Isolina Ferré, Nuestra Escuela, P.E.C.E.S. y Proyecto Nacer para defender el modelo de enseñanza alternativo frente a intereses político partidistas, de alcaldes y senadores que creaban centros nuevos para beneficiarse de los fondos del Proyecto CASA, al que pertenecían. Entre las personas que se beneficiaron de estos fondos, se encuentra el exactivista universitario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Felix Plaud, quien con su organización Strong Institute of Education recibió una suma de $4.3 millones del Gobierno.

El grupo apuesta a la aprobación de los estándares de acreditación para fortalecer el modelo de educación alternativa frente al oportunismo político. 'Si se aprueban estos estándares, entonces estaremos hablando de un proyecto de transformación de la educación del país, que se podrá replicar a la escuela pública', comentó Méndez. La Ley 213 así lo exige en su Artículo 6, cuando dio a la comisión el deber de establecer estándares de calidad para los programas. Con los proyectos que se han presentado en contra de la comisión, falta ver si hay voluntad política para respaldar laacreditación y regulación de estos centros.