El Departamento de Hacienda (DH) se apuntó una pequeña victoria esta mañana durante el contrainterrogatorio de uno de los testigos traídos al estrado por Walmart, quien admitió no conocer las consecuencias que generaría en la Isla una decisión de la Corte federal que derogara la Ley 72.

La parte demandante presentó como primer testigo en el tercer día de juicio a la experta en reestructuración corporativa y economista, Martha Kopacs, quien intentó establecer mediante la dirección del abogado Neal Manne, que Puerto Rico no tiene solvencia y no podría asumir el pago de un reembolso de contribuciones.

No obstante, durante un intenso careo por parte de la representante legal delDH, Caroline C. Setliffe, Kopacs –quien trabajó de cerca con la Corte federal en el caso de la quiebra en la ciudad de Detroit en Estados Unidos- admitió que es deber del Estado a través de Hacienda maximizar la cantidad de ingresos que colecta para devolverle la solvencia al Estado, y estuvo de acuerdo con que cada gobierno debe implementar las medidas según su realidad fiscal.

‘Ha determinado a través de su análisis sobre la situación fiscal de Puerto Rico las implicaciones que tendría si Walmart ganara este caso?’, cuestionó Setliffe, a lo que la experta aceptó no tener amplio conocimiento sobre las consecuencias de un fallo de la Corte a favor de los demandantes.

‘Honestamente no sé mucho sobre este caso, no soy una experta en impuestos. Soy experta en reestructuraciones corporativas. No podría decir si sería un golpe significativo’, aceptó Kopacs.

Setliffe estableció entonces ante el juez José A. Fusté que un fallo de la Corte a favor de la compañía no significa que se esté haciendo lo correcto e hizo admitir a la experta que la información sobre las finanzas del país pueden cambiar de semana en semana y de mes en mes, según la capacidad del DH de recaudar impuestos, implicando que su análisis bien podría caducar a medida que los datos financieros cambian.

La abogada del Gobierno cuestionó a la testigo sobre si declarar inconstitucional la ley 72 haría la situación en Puerto Rico más difícil si el Gobierno no puede recolectar ingresos a través de los impuestos recaudados por este mecanismo.

‘No sé cómo contestar eso. Si bien es crucial para todos los estados (de Estados Unidos) hacerlo, para mí no es un hecho. Pero no creo que ese sea el caso de Puerto Rico porque hay una cantidad sustancial de la población que no paga impuestos’, señaló Kopacs aduciendo a que la insolvencia del DH es responsabilidad de los evasores contributivos.

‘Creo que cuestionar todas las políticas de impuestos es algo importante siempre y cuando el Estado Libre Asociado (ELA) se mueva hacia una reestructuración de su deuda’, añadió.

Anteriormente y durante el interrogatorio a la testigo por parte del abogado de Walmart, Neal Manne, esta confirmó la situación de insolvencia por la que atraviesa la Isla.

‘Mi conclusión sobre el análisis es que Puerto Rico es insolvente y como tal, sus obligaciones de pagos futuros son inciertas’, aseguró.

La experta señaló además que las proyecciones del reporte Conway Mckenzie señalan que el balance negativo de la Isla deterioraría durante 2016 a negativo 512 millones de dólares.