Por considerar que 'los fondos del Municipio que mantiene el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no le pertenecen a esa entidad ni a los bonistas', el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina demandó al BGF para evitar que bajo la recien implantada Ley de Moratoria se embargue el dinero del ayuntamiento, informó el miercoles, el alcalde Jose Carlos Aponte.

'Son sobre 7.6 millones de dólares el dinero incautado por el BGF que paraliza las obras de infraestructura y los proyectos de desarrollo que se mantenían en proceso en la Ciudad carolinense. Por ende, esto afecta consistentemente a los miles de ciudadanos que se beneficiarían con estas mejoras', dijo Aponte en un comunicado de prensa.

El alcalde señaló, además, que la demanda cuestiona sólo lo referente a las gestiones municipales de la Ley de Moratoria y no a la totalidad del estatuto.

Detalló que entre las obras que permanecen paralizadas se encuentran: la construcción de proyectos de vivienda de interés social, mejoras a escuelas estatales y la tan necesaria obra de construcción para el control de las inundaciones en la Urbanización Los Ángeles.

'De manera responsable y transparente, como siempre nos hemos caracterizado en esta administración municipal, nos encargamos de reducir gastos al ver reducidos también nuestros ingresos. Más lejos aún, reducimos gastos tres veces más versus los ingresos recibidos y, de esta forma, pudimos separar el dinero que destinamos a estos proyectos, procurando siempre el mejor interés y el bienestar de nuestros ciudadanos', detalló Aponte.

'Sin embargo, y ante su incapacidad para reorganizar sus finanzas, el Gobierno Central incauta los fondos que le pertenecen, no a Carolina, sino a los miles de ciudadanos que nos eligieron para dirigir las riendas de este Municipio; dejando desprovistos a niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que confiaron en nuestra administración y que contaban con ver convertidos en realidad esos proyectos de mejoras que les facilitaría en gran medida su calidad de vida', sentenció el primer ejecutivo municipal.

El alcalde fue enfático en aclarar que estos fondos no es dinero que le sobra al ayuntamiento, sino que es dinero que ya estaba comprometido bajo acuerdos contractuales para el pago a suplidores y contratistas, colocando a la Ciudad en incumplimiento de la palabra empeñada y colocándola en impago ante sus obligaciones.

'El Municipio de Carolina reclama el desembolso inmediato de los 7.6 millones de dólares de fondos propios que mantenemos en el BGF, pues esa institución congeló ese dinero en virtud de la Ley de Moratoria. Nuestra acción legal no es más que un legítimo reclamo para que se respete la integridad de los fondos municipales que ya están comprometidos', reafirmó el alcalde Aponte.

Aponte recordó que el 18 de noviembre de 2013, el Municipio de Carolina subscribió un préstamo con el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) para emitir bonos de obligación general municipal por la cantidad de 12,980,000 dólares. El BGF aprobó la solicitud de financiamiento; cobró sus honorarios como parte de la originación del préstamo; y le exigió al Municipio que depositara el dinero en esa misma institución gubernamental con el propósito de proveerle mayor liquidez a sus finanzas. El ayuntamiento así lo hizo.

Finalmente, explicó que la acción ilegal del BGF quebranta el interés de la administración municipal en adelantar el desarrollo económico y social de Carolina a través de obras públicas necesarias. 'Las consecuencias serían de tal magnitud que afectarían a contratistas, suplidores, pero sobre todo a los miles de carolinenses que se beneficiarían una vez se concreten estos proyectos', apuntó contundentemente el primer ejecutivo municipal.