WASHINGTON - Congresistas federales de ambos partidos políticos solicitaron hoy, martes, a sus colegas que apoyen el proyecto de ley para la reestructuración de la deuda de $73 mil millones de Puerto Rico bajo al 'supervisión' de una junta de control fiscal, aunque reconocieron es una solución imperfecta a la crisis económica del territorio no incorporado de Estados Unidos.

La sesión legislativa en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes para considerar la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) está pautada para mañana miércoles con varias docenas de enmiendas –muchas menores y algunas mayores– sobre el tapete. Pero el mensaje principal de casi todos los congresistas que se expresaron en sus declaraciones iniciales sobre el proyecto es que hay que aceptar el remedio amargo de la junta fiscal para poder reestructurar la deuda y salir del atolladero económico en que está sumido Puerto Rico.

El líder de la minoría demócrata, representante Raúl Grijalva, afirmó que la junta es demasiado poderosa y otra 'transgresión a la soberanía de la gente de Puerto Rico, y tienen razón al considerar que es ofensiva'.

Hubiese preferido que incluyera más medidas para impulsar el desarrollo económico, más equidad en fondos de Medicare, por ejemplo; pero afirmó que permite la reestructuración sin darle prioridad a ciertos acreedores, detiene el litigio para que se lleguen a acuerdos voluntarios con los bonistas, y se puede implementar con la urgencia que requiere la crisis que atraviesa la Isla.

'Al medirla contra un proyecto perfecto, esta medida es inadecuada', opinó Grijalva en su declaración inicial en la sesión. 'Al medirla contra la crisis que se empeora en Puerto Rico, este proyecto de ley es necesario', agregó.

'Pienso apoyar este proyecto de ley mañana, y le insto urgentemente a mis colegas que hagan lo mismo', admitió.

Mientras, el presidente del Comité, representante Rob Bishop, criticó a los opositores de la medida que la han tildado como un rescate financiero. Por el contrario, afirmó que PROMESA crea un mecanismo para asegurar que las inversiones de los acreedores sean protegidas e implantar las reformas fiscales necesarias para que Puerto Rico regrese a los mercados de capital una vez enderecen sus finanzas. Además, advirtió que de no aprobarse PROMESA aumentan las probabilidades de que el Congreso, a fuerza del dinero de los contribuyentes, tenga que servir de salvavidas, acción que rechaza.

'Queremos que los mercados de capital sean los que sirvan para financiar una nueva fundación económica para Puerto Rico, no los contribuyentes', afirmó Bishop.

'Este proyecto de ley es la última y la mejor oportunidad para que Puerto Rico se ponga en una posición financiera sólida y encaminar su economía hacia la recuperación y la prosperidad', añadió.

Entre los puntos principales del controvertido proyecto existe un mecanismo para reestructurar la deuda emitida por 18 entidades gubernamentales o corporaciones públicas de Puerto Rico por la vía judicial de no llegar a acuerdos voluntarios con los acreedores, pero la junta de control fiscal tendría que aprobar esa reestructuración por vía judicial.

La junta, con la colaboración pero sin el consentimiento del gobernador, estaría a cargo de establecer y velar que se implante un plan fiscal y tiene la última palabra sobre el presupuesto de Puerto Rico. También puede crear e implantar un presupuesto si no favorece el que proponga el gobernador y la Legislatura; aprobar contratos que el gobierno firme, y vetar leyes aprobadas por la Legislatura que contravengan el plan fiscal. De igual modo, tendría la autoridad para recortar gastos de nómina y consolidar agencias para mantener un presupuesto balanceado, y hasta sugerir la privatización de agencias.

El organismo estaría compuesto de siete personas nombradas por el presidente Barack Obama, provenientes de listas de personas sugeridas por los líderes republicanos y demócratas en el Congreso y una persona que él nombraría a su discreción. El gobernador de Puerto Rico tendría voz, pero no voto en la Junta, y solo uno de los miembros tendría que ser residente de Puerto Rico o tener su negocio principal en la Isla.

El comisionado residente Pedro Pierluisi, quien también es miembro del Comité, afirmó que la medida era necesaria en una emergencia, pero no suficiente. Criticó que comentaristas y algunos de sus colegas en el Congreso echen la responsabilidad principal de la crisis al mal manejo administrativo en Puerto Rico sin reconocer parte de la culpa de Washington.

'Ellos ignoran la otra causa de la crisis, que es la desigualdad a nivel federal facilitado por el estatus de Puerto Rico', afirmó Pierluisi. 'Pueden sentirse muy cómodos al culpar a Puerto Rico de todo, pero es un consuelo falso basado en un conocimiento fallido de nuestra historia', agregó.

'Este tratamiento como segunda clase, una consecuencia de nuestro estatus de segunda clase, tienen que terminar. No pasará en PROMESA, pero les prometo que pasará muy pronto', advirtió el Comisionado.

De otro lado, el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, se encontraba en la sesión legislativa y entregó una carta a los miembros del comité manifestando la oposición a la junta por parte de los funcionarios electos de la Isla, sectores sindicales, políticos y estudiantiles así como organizaciones de la diáspora puertorriqueña.

'Este invento de una junta fiscal tan fuerte le quita mucho apoyo a lo que debe ser un esfuerzo positivo por reestructurar la deuda. Le quita todo', apuntó Bhatia, luego de las declaraciones iniciales de los congresistas en el Comité.

Una junta que sea juez y parte en una proceso de reestructuración, que decide qué se va a hacer y cómo se va a hacer, inspiran muchos interrogantes, expresó. 'Nadie en Puerto Rico puede apoyarlo. Allá (en Puerto Rico) muchos no lo apoyan porque la junta de control fiscal le quita la legitimidad democrática al proceso', agregó.

No obstante, Pierluisi sugirió que quienes se oponen tenazmente a una junta fiscal tienen que ver la realidad de que sin junta no hay reestructuración. 'Están hablando para las gradas. Están desahogándose, pero no se están dando cuenta de las consecuencias', dijo.

'Puerto Rico sale mejor con esta legislación aprobada que sin legislación alguna. Aquí no hay alternativa alguna en la mesa de negociación a la que tenemos aquí', reconoció el Comisionado y aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Mientras, Bishop expresó que espera tener los votos suficientes en el comité para que se apruebe la medida el miércoles.

Pierluisi añadió que luego de conversaciones con el presidente de la Cámara, Paul Ryan, y la líder de la minoría en ese cuerpo, Nancy Pelosi, entiende que hay apoyo del liderato de ambos partidos para lograr que PROMESA se apruebe en ese pleno.

Aún hay republicanos quienes temen que el proyecto no proteja 'los mejores intereses de los acreedores', además de demócratas que, a pesar de las negociaciones bipartitas que dieron fruto a PROMESA, afirman que tampoco la pueden apoyar.

El representante Luis Gutiérrez de Illinois, uno de cinco puertorriqueños en el Congreso, dijo oponerse a la medida al tener un grupo de personas no electas sometiendo a los 3.5 millones de personas en la Isla a más austeridad para favorecer a los inversionistas. 'Las ganancias y la especulación de los inversioniastas probablemente tendrán el mismo peso o más en las decisiones de la junta y eso es un fracaso para lo que necesita Puerto Rico', afirmó.

'No puedo apoyar esta medida porque es contrario a los valores básicos de la democracia, de lo justo, y de la justicia', agregó.