WASHINGTON - Con votación bipartita de 29-10, el Comite de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miercoles el proyecto de ley que permitiría a Puerto Rico reestructurar su deuda de $73 mil millones bajo al 'supervisión' de una junta de control fiscal.

El comisionado residente Pedro Pierluisi, expresó que el voto bipartita del Comité le facilita el trabajo al presidente de la Cámara federal, Paul Ryan, quien intenta que se apruebe en el pleno de la Cámara en junio.

'Es precisamente el resultado que queríamos para enviarle un mensaje claro a todos los miembros del Congreso de la Cámara federal de que esta legislación es balanceada, es justa y es necesaria', afirmó Pierluisi.

En la sesión legislativa de poco más de tres horas, hubo mucha discusión sobre la junta de control fiscal, que tendría la última palabra sobre el plan fiscal y el presupuesto de la Isla a implementarse.

Se derrotaron varias enmiendas presentadas por republicanos conservadores que buscaban más seguridad y garantías a los pagos de los acreedores, particularmente referente a los bonos de obligaciones generales protegidos por la Constitución de Puerto Rico.

Repetidas veces, congresistas de ambos partidos defendieron la versión de la medida aprobada el miércoles como el resultado de varias semanas de negociaciones entre los intereses de los acreedores y del Departamento del Tesoro de lograr un mecanismo de reestructuración que funcione y que sirva para comenzar a sacar a Puerto Rico del atolladero fiscal.

'El proyecto de ley que tenemos delante no es perfecto, pero es el resultado de negociaciones y concesiones que buscan mejorarles la calidad de vida a las familias en el isla', ripostó el representante Raúl Grijalva, líder de la minoría demócrata en el Comité, al rechazar enmiendas que catalogó como píldoras venenosas al proceso legislativo. 'La gente de Puerto Rico ya ha esperado más que suficiente para que el Congreso tome acción', agregó.

Lo más pronto que la Cámara en pleno puede considerar la medida sería la semana del 7 de junio cuando regrese de un receso legislativo que inicia mañana, jueves. Se aproxima otro posible impago de $1.9 mil millones al servicio de la deuda el 1ro de julio, lo cual dejaría solo tres semanas para que se apruebe en el pleno de la Cámara, pase al Senado y sea firmado por el presidente Barack Obama, antes de esa fecha límite.

Ryan se mostró complacido con el voto afirmativo del Comité y aseguró que procedería a considerarse en el pleno de la Cámara la legislación 'importante y bipartita' que protege a los contribuyentes de los Estados Unidos. 'Elogio a los miembros del Comité, de ambos partidos, quienes trabajaron de forma responsable para atender la crisis fiscal de Puerto Rico y prevenir un rescate financiero', expresó Ryan.

Por su parte, la líder de la minoría demócrata en el Cámara, Nancy Pelosi, favorece la medida y se mostró optimista de que disfrutaría del apoyo de muchos demócratas.

'Ahora que un compromiso bipartidista ha sido aprobado en el Comité, es nuestra esperanza de que podamos actuar con rapidez en el pleno de la Cámara y hacia la aprobación de la legislación', expresó en declaraciones escritas.

Aparte de enmiendas técnicas o menores aprobadas por unanimidad, la propuesta Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) básicamente no fue alterada en la sesión legislativa, a pesar de la insistencia de varios republicanos conservadores.

El Presidente del Comité, representante Rob Bishop de Utah, varios otros republicanos y demócratas mostraron un frente unido para bloquear intentos de que se garantizaran explícitamente por escrito el pago de los bonos de obligaciones generales protegidas por la Constitución de Puerto Rico, que no se le diera trato preferencial a los pensionados a la hora de pagar, y que los intereses de todos los acreedores, incluyendo los de los llamados buitres, tuvieran prioridades similares en el proceso de reestructuración.

Los siguientes puntos quedaron intactos:

- La junta de control fiscal sigue siendo la entidad que aprobaría qué partes de la deuda pasarán al proceso de reestructuración forzosa por la vía judicial si no se llega a acuerdos voluntarios con los acreedores.

- La junta sería compuesta por siete miembros nombrados por el presidente Barack Obama: dos de una lista de personas sugeridas por Ryan; dos de una lista sometida por el Presidente del Senado; uno de cada lista presentada por los líderes demócratas del Senado y la Cámara, y uno nombrado a discreción del Presidente. Con esta mezcla, se asume que la junta tendrá cuatro republicanos y tres demócratas. El gobernador de Puerto Rico tendría voz, pero no voto. Solo uno de los miembros (sugerido por Ryan) tendría que ser residente de Puerto Rico o tendría que tener su negocio principal en la Isla.

- En el proceso de reestructuración, la junta tendría que 'respetar' los derechos de los acreedores establecidas por ley al balancear las muchas partes que poseen los $73 mil millones de la deuda. Esto le ofrece alguna flexibilidad al determinar las prioridades de pago y a qué nivel.

- La junta sigue teniendo la última palabra en elaborar e implementar con el gobernador el plan fiscal de cinco años para la isla y un presupuesto balanceado para Puerto Rico. Si la junta no favorece el plan o el presupuesto, tiene la autoridad de crear e implementar uno propio. De haber variaciones en el presupuesto sobre la marcha, la junta puede instruirle al gobierno qué medidas de austeridad o ventas y privatizaciones de propiedad puede hacer para balancearlo.

- También preservaron la flexibilidad de la junta y del gobierno de Puerto Rico para pagar a los pensionados y capitalizar mejor los sistemas de retiro para cumplir con los pagos futuros de pensionados. Algunos republicanos temen que se le va a dar preferencia a los pensionados por encima de los acreedores al decidir a quién se le va a pagar y a quién se le va a reducir lo que se le debe. En la medida, el asunto de los pagos a pensionados se mantuvo como parte del proceso presupuestario ya supervisado por la junta y sujeto a su discreción al balancear las partes de la compleja deuda pública.

- Se dejaron de lado enmiendas de aspectos laborales al entender que son asuntos que no los estudia ni les compete a este Comité. Se buscaba eliminar las provisiones de que el gobernador de Puerto Rico tuviera la autoridad para reducirle el salario mínimo a empleados de 25 años de edad o menos, y que las regulaciones federales recientes aumentando el número de empleados que deben recibir pago por horas extra no aplique a Puerto Rico. Algunos demócratas han adelantado que podrían presentar enmiendas a tales efectos en los foros adecuados en el pleno de la Cámara.

En otro intento de insertarle escollos al proyecto, el congresista John Fleming presentó una enmienda para que el gobierno y la Legislatura de Puerto Rico consientan ser supervisados por la Junta de Control Fiscal. Pierluisi ripostó que es muy difícil que la gente en Puerto Rico acepte una junta de este tipo, mucho menos consentirlo. Algunos solo lo hacen porque parece ser la única forma de lograr una reestructuración de la deuda, y pedirles semejante consentimiento a la clase política de la Isla es un insulto, dada la autoridad y la responsabilidad que tiene el Congreso de elaborar la solución al problema.

'No juguemos con fuego aquí', reclamó Pierluisi al decir que confiaba en que la mayoría de la población puertorriqueña entendía la necesidad de la junta. 'No debemos asumir que el gobierno de Puerto Rico va a hacer un mal trabajo o actuar de forma impropia. Eso no lo debemos asumir', agregó.

En la única enmienda aprobada con margen de un voto, se encomendó al task force congresional estudiar las leyes y las políticas federales que afectan el desarrollo económico de Puerto Rico, incluyendo la desigualdad de los fondos federales asignados para Medicare.

'La causa fundamental (de la crisis) no es que no estén recibiendo suficiente dinero federal de nosotros', argumentó el representante Raúl Labrador, conservador de Idaho. 'Las causas fundamentales son que están tomando unas decisiones malas por años y años', sostuvo.

Pero Pierluisi aclaró que de ser tratados iguales los ciudadanos americanos en Puerto Rico en este renglón, la Isla recibiría $2 mil millones adicionales cada año. Y la enmienda no constituía un mandato para que el Congreso gastara más dinero, sino sencillamente para que se incluyera el tema en el estudio del task force que debería de someterse en diciembre.

'No hay duda ninguna que el acceso justo a los programas de salud están teniendo un gran impacto sobre la estabilidad económica de Puerto Rico', afirmó Pierluisi.

Varios senadores también expresaron su oposición, lo cual vislumbra un camino difícil para PROMESA si se aprueba en la Cámara y pasa al Senado.

Luego de reunirse con líderes puertorriqueños en Chicago, el senador Dick Durbin de Illinois, dijo estar preocupado que el proyecto rebajaría el salario mínimo y eliminaría el pago por horas extra a algunos empleados en Puerto Rico, impulsando más migración puertorriqueña a Estados Unidos. PROMESA tampoco aumenta los fondos federales a recibirse en Puerto Rico por concepto de Medicare y Medicaid, y otros programas para los pobres y los envejecientes en la Isla, añadió.

'Quiero ver el producto final. Sobre este borrador inicial, tengo muchos problemas con él', explicó Durbin.

Mientras, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, manifestó tener las mismas reservas sobre la desigualdad de fondos, además de que la medida no ofrece un camino claro y definido para lograr la reestructuración. Entre los escollos está el requerir que cinco de los siete miembros de la junta, una supermayoría, tenga que aprobar un proceso de reestructuración forzosa por la vía judicial, dándole el poder del veto a una minoría.

Agregó que el que los puertorriqueños no tengan voto alguno para determinar quién forma parte de la junta es un 'neocolonialismo descarado'. A pesar del 'lenguaje sofisticado' que establece que el Presidente va a escoger los miembros de la junta, expresó, realmente lo que hace es esconder los 'verdaderos resortes del poder'.

'Para mí, sencillamente está mal y es antiamericano el quitarle los derechos democráticos básicos y fundamentales a la gente de Puerto Rico', agregó.