La Compañía de Turismo decidió negar acceso al desglose por partida de los gastos operacionales en los que incurre con las máquinas tragamonedas autorizadas en los casinos de Puerto Rico. Para defender su postura, la agencia argumentó que la petición no era pertinente y que estaba hecha fuera de fecha.

Esto ocurrió a raíz de una solicitud realizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) el pasado 27 de abril, en la cual reclamó que la Compañía 'no tiene control en los gastos operacionales que se le cargan a los ingresos producto de las máquinas tragamonedas y por ende se encuentra en plena violación de la Ley de Juegos de Azar'.

Así lo recoge la carta fechada el pasado 26 de mayo, y firmada por Tatiana Alejandro Souffront, directora de la Oficina de Asesoramiento Legal de la Compañía de Turismo, a través de la cualse negó a 'facilitar los documentos solicitados por razones que carecen de fundamentos legítimos'.

'El pedido viene acompañado de unas alegaciones un tanto fuera de lugar, totalmente infundadas, que cuestiona el asunto de la transparencia con la cual la Compañía trabaja estas cuentas en particular (las máquinas tragamonedas)', dijo en entrevista telefónica con NotiCel el subdirector ejecutivo de Turismo, licenciado Luis Daniel Muñiz.

El licenciado le restó legitimidad a las alegaciones de falta de transparencia, debido a que los fondos que provienen de los ingresos de tragamonedas 'son fondos extremadamente auditados y supervisados no solamente por la Compañía de Turismo', y a que la seriedad de la industria hace 'que en efecto esté bien fiscalizada y el dinero que se genera esté bien custodiado'. Sin embargo, la petición de información seguía en el tintero.

Actualmente, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes discute el proyecto de ley2499, que implantaría la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y la Información Pública, la cual surge en gran medida para atender los argumentos que generalmente trae a colación el Estado para negar el acceso a la información pública, derecho al que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha otorgado rango constitucional.

Como argumento principal para la denegación, la Compañía se basó en el Reglamento 8640, mejor conocido como Reglamento de Juegos de Azar, que establece que nadie puede 'reclamar deficiencias o errores en el cómputo de las cantidades que hayan recibido durante un año fiscal en particular, a menos que presenten una reclamación ante la Compañía a esos efectos dentro de los 180 días siguientes al cierre de dicho año fiscal'.

Amparándose en esa disposición, determinó que la reclamación hecha por la PRHTA está fuera de fecha, pues se sometió antes de tiempo si alude al año fiscal en curso, o ya transcurrió el término para someterla si se trata del pasado año fiscal.

El subdirector Muñiz explicó que a principios de año fiscal, se somete un presupuesto basado en proyecciones, y a final de año se efectúa la distribución tomando en cuenta las ganancias y los gastos. En ambas instancias, es que se contempla el desglose por partidas en el transcurso del año fiscal, a partir de las que se establecen las fechas para pedir la información.

Sin embargo, un concepto que integra el proyecto de ley que se discute en la Cámara es la publicaciónproactivade información, lo cual exige a las agencias de Gobierno, corporaciones públicas, entre otras, la publicación constante y actualizada a través de su página digital de cierta información sin necesidad de que se le solicite y en cumplimiento con la política de Datos Abiertos. Esa información incluye presupuesto aprobado y gastado mensualmente por línea presupuestaria de cada agencia o entidad pública.

En el caso de la Compañía de Turismo, Muñiz explicó que las partidas para las tragamonedas se incluyen en toda su documentación financiera, la cual se somete voluntariamente desde el 2013 alComprehensive Annual Financial Report, una entidad que se dedica a evaluar los estados financieros de las entidades públicas para corroborar que estén al día.

Además, una vez al año Turismo comparece ante la Cámara de Representantes y el Senado a presentar su presupuesto, donde 'se establece de forma clara y precisa cómo se distribuye, entre ellos, la distribución operacional de los fondos de las máquinas tragamonedas o de los juegos de azar'. Y dos veces al año, el desglose de partidas se publica en periódicos de circulación general. Por lo tanto, toda la información está accesible a todo público, aseguró.

Aunque la Compañía de Turismo en teoría reconoce que el derecho de acceso a la información es necesario para ejercer la libertad de expresión, prensa y asociación, en la comunicación escrita la asesora legal recuerda que 'al atender una solicitud de acceso a la información custodiada por el Estado, tal derecho ‘no puede ser absoluto ni ilimitado, sino que está sujeto a la más urgente necesidad pública''.

Uno de los renglones que aclara el proyecto de ley en discusión es que una solicitud de información solo requerirá del solicitante una descripción razonable de lo que se está pidiendo, prohibiendo así que se le requiera al solicitante especificar alguna justificación o razón para hacer el pedido. Por lo tanto, bajo este paradigma, laPRHTAno tendría que justificar su pedido de que se entregue el desglose de los gastos operacionales.

En ese sentido, el licenciadoMuñizse limitó a responder quela Ley de Transparencia se está discutiendo y que 'no podemos responder con relación a una ley que no se sabe cómo va a terminar'.

Por otra parte, la Compañía también establece que necesita asegurarse que 'al revelar información no se está descubriendo material privilegiado que afecte o lesione derechos de terceros', concluye la carta.Muñizconcordó con la postura de la asesora legal, ya quemencionó laresponsabilidad que según él tiene la Compañía con los inspectores y recaudadores que son empleados suyos. 'Tenemos que proteger su empleo y la labor que hacen de ahí', sostuvo.

En torno a ese asunto, el proyecto de ley contempla las excepciones a las que puede recurrir el Estado, entre estas, cuando la información revela la identidad de un informante, cuando una ley declare la confidencialidad de la misma, cuando publiqueplanillassobre ingreso individuales de personas naturales o cuando se refiera a privilegios de las Reglas de Evidencia.

La Compañía le exigió a la PRHTA que sea más explícita en sus alegaciones y provea más información sobre los posibles comportamientos ilegales en los que alega se incurren.

Incluso, Turismo impuso requisitos a la PRHTA para proveerle la información requerida, entre ellos documentación relacionada a las salas de casino de los socios de la Asociación, informes financieros desde el año 2000 hasta el presente, certificaciones de no deuda del Centro de Ingresos Municipales (CRIM) y del Departamento de Hacienda, prueba de radicación de planillas de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y evidencia, tanto testifical como documental que sustente las alegaciones hechas.

'Tratan de establecer de forma infundada que estamos gastando más de lo que en realidad debemos gastar, cuando en efecto no es así, porque al final del año siempre se hace un cuadre donde se establece el presupuesto hecho a base de proyecciones y los números finales', explicó el licenciado Muñiz.

'El asunto es que no estamos hablando de si la información está disponible o no, de lo que estamos hablando de unas alegaciones sobre cómo se utiliza ese dinero. Cuando tú miras los diferentes fondos mediante los cuales la Compañía de Turismo conforma su presupuesto, todos tienen funciones específicas, y ambas leyes establecen de forma clara y precisa dónde la Compañía guarda entre presupuesto proyectado y dinero recibido', terminó.

La Ley de Juegos de Azar establece que la Compañía tiene la facultad de fiscalizar todos los asuntos relacionados al negocio de las máquinastragamonedas, entre ellos, la distribución de las ganancias, luego de restarle los costos operacionales al ingreso bruto producto de las máquinas. El 50% de las ganancias de la tragamonedas se distribuye entre todos los dueños de los casinos de Puerto Rico, y el resto, se divide entre la Compañía de Turismo, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda.