El representante Carlos 'Johnny' Mendez denunció que alguien está escondiendo la información de demandas, la mayoría por discrimen político ante el tribunal federal, contra la Lcda. Migdalí Ramos Rivera, quien fue designada por el Gobernador de Puerto Rico como Juez del Tribunal de Primera Instancia.

Desde el 201,3 la abogada es la directora asociada de Relaciones Laborales e Igualdad en el Empleo en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), y tiene un informe positivo en el Senado de Puerto Rico para su confirmación.

Según detalló Méndez, el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado de siete páginas menciona la información de los siguientes pleitos, en todos los cuales la licenciada Ramos Rivera figura como co-demandada, tanto en su carácter oficial como personal, y casi todas en el foro federal: (1) Antonio Borrás Borrero v. CFSE, Liza Estrada, Migdalí Ramos-Rivera, et al, número 2016cv1114; (2) Ana María Faguet Betancourt v. CFSE, Liza Estrada, Migdalí Ramos-Rivera, et al; del Centro Judicial de Bayamón; y (3) Lemuel Soto v. . CFSE, Liza Estrada, Migdalí Ramos-Rivera, et al, número 3:15cv02647.

'El informe es tan burdo que dice, en su página 4, que buscaron en el sistema de la OAT y del mismo no surge información adversa a la nominada. Pero una búsqueda más completa, incluyendo el foro federal, habría dado cuenta de pleitos por violación a los derechos civiles y a la ley American with Disabilities Act (ADA), todas por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista y una de ellas por el ex alcalde de Arecibo, Lemuel Soto, aunque demanda en su carácter personal', continuó Méndez en comunciado de prensa.

El legislador, quien representa a Vieques, Culebra, Ceiba, Fajardo, Luquillo y Río Grande, emplazó al presidente de la Comisión de Nombramiento, Miguel Pereira, a detener la consideración de este informe, que está para mañana jueves ante el Senado, mientras da explicaciones públicas de porqué se le ha ocultado al pueblo el nefasto historial jurídico de la designada juez.

'Aquí alguien le está escondiendo información al Pueblo de Puerto Rico. Si la abogada no sometió esta información a la oficina técnica en Senado, les está ocultando información a los legisladores y a la vez, posiblemente infringiendo los cánones de ética de la profesión legal. Si las personas de la oficina técnica no se la dieron al Senador Pereira, que firma el informe, ellos son los que están cometiendo faltas éticas. Pero si es el Senador Pereira el que le oculta estos datos al pueblo, con tal de favorecer a una protegida de Alejandro, entonces se trata de un burdo acto de encubrimiento legislativo', concluyó el representante penepé.