Cerca de 667 personas con discapacidad intelectual que reciben servicios en centros transicionales del Departamento de Salud quedarían bajo el amparo del Tribunal Federal, a la vez que el Gobierno de Puerto Rico se declara incapaz de aumentar la prestación de servicios a esa población por la crisis fiscal.

La información trascendió en las vistas públicas celebradas el jueves y el viernes pasado la corte federal de Ponce como seguimiento a la demanda 99-cv-01435 presentada contra el Gobierno de Puerto Rico en 1999 por violación de derechos civiles a 299 personas con discapacidad intelectual.

'Hoy es un día feliz. Estamos comenzando a palpar el esfuerzo de muchas personas y entidades que colaboran para ayudar a los grandes protagonistas, estos seres humanos que merecen todo nuestro esfuerzo y dedicación', dijo el magistrado federal Marcos López.

'Luego de haber escuchado a padres, madres de niños y adultos con discapacidad intelectual, reconocemos que hay preocupaciones sobre aspectos que se deben mejorar, pero hay que reconocer el progreso', agregó el magistrado al concluir el proceso.

Durante la audiencia se revelaron algunos aspectos como reparaciones estructurales, problemas de transportación y la necesidad de centros transicionales que brinden servicios a ciudadanos con discapacidad intelectual de las regiones central y este del país.

'Hacen falta más centros, porque la población con discapacidades es mayor. Pero estamos bien satisfechos por todo lo que se ha logrado', manifestó María Juliana Vilá, presidenta de la Asociación por la Inclusión de Adultos con Discapacidad.

La coordinación clínica, el manejo de crisis de los participantes, y mejorar los servicios de transportación son algunos de los aspectos que faltan por mejorar según la activista.

Aunque reconoció la necesidad de ampliar los servicios, la secretaria de Salud, Ana Rius, fue cautelosa ante la petición de abrir más espacios ya que la situación fiscal del país no permitiría el manejo de una nueva operación. Hay siete Centros Transicionales de Servicios (CTS) para, originalmente, 299 demandantes pero la población con necesidades ha aumentado a más de 600 participantes.

En su presentación, el secretario auxiliar del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, Carlos Rodríguez Beltrán, aseguró que el 80 por ciento de los estudiantes bajo este programa están dentro de la corriente regular del sistema.

Esto, en respuesta a la inquietud presentada por organizaciones de padres de niños diagnosticados con Síndrome Down, quienes se expresaron en contra de aislar la población en salones especiales.

Rodríguez Beltrán sostuvo que para el curso escolar 2015-2016, la agencia pagó por el equivalente a 860 mil terapias. Sin embargo, Kristen Beltrán de la Fundación Lily's Angels reclamó durante la audiencia que 'en Puerto Rico los niños reciben una o dos terapias al mes. Mientras en otros estados como Nueva York, se dan semanalmente tres terapias físicas, tres ocupacionales y tres del habla'.

'El Departamento de Educación no es un centro de terapias, sino que nuestro deber ministerial es enseñar y encaminarlo hacia su desarrollo integrado', ripostó el secretario auxiliar de Educación Especial a preguntas del magistrado federal.

Además, Rodríguez Beltrán mencionó que el 34 por ciento de los estudiantes del sistema público de enseñanza recibe servicios de Educación Especial, mientras que en estados como Nueva York, la cifra llega al 12 por ciento.

'Nos encaminos a que pronto el programa pueda monitorearse solo', apuntó por su parte el juez Gustavo Gelpí, quien preside el caso.

El tribunal señaló la próxima vista para el mes de octubre, pero será a puerta cerrada.