El Gobierno de Puerto Rico presentó una lista de 12 'proyectos críticos' de infraestructura para la aprobación de la Junta de Control Fiscal que manda sobre las finanzas del País. La lista incluye un incinerador de basura para producir energía en el norte de la Isla, con una inversión de $1,010 millones, aunque no identifica directamente por su nombre al polemico proyecto de Energy Answers en Arecibo. El gobernador Ricardo Rosselló indicó el lunes pasado que, si la empresa consigue los permisos, la apoyará a pesar de la oposición ambiental y comunitaria.

La lista incluye también un plan para llevar gas natural a la central eléctrica de Aguirre en el municipio de Salinas, y la extensión de la autopista PR-22 desde el pueblo de Hatillo hasta Aguadilla. Son viejas propuestas de proyectos sin permisos, sin financiamiento privado, y que cuentan con el fuerte rechazo de grupos ambientales. 'Si estos proyectos se tramitan conforme al Título V de la ley 'PROMESA', lo que significa es que se van a aprobar de forma fast track', explicó el abogado ambiental Pedro Saadé.

La lista con los candidatos ha sido discutida con la Junta de Control Fiscal en el marco del Título V de PROMESA, la única parte con un componente de desarrollo económico de la ley impuesta por el gobierno de EE. UU. para que Puerto Rico pague su deuda con los bonistas.

Otra de las propuestas propone invertir $175 millones en obras capitales en la Universidad de Puerto Rico, en momentos en que esta institución enfrenta recortes de más de $240 millones, provocando que la mayoría de los recintos esté en huelga. La lista no indica qué criterio siguió el Gobierno para escoger este tipo de inversión en medio de fuertes recortes al centro docente. La información está contenida en una presentación que hizo Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), durante una reunión en San Juan con la Junta de Control Fiscal el pasado 31 de marzo.

La lista de proyectos 'no está escrita en piedra' y aún el gobierno mantiene conversaciones con empresas privadas para considerar más opciones, sostuvo Ernesto Rivera Umpierre, asesor legal general de la AAPP, que coordina proyectos 'de interés público' en conjunto con el sector privado.

'Los candidatos que se escojan tienen que redundar en beneficio de los puertorriqueños, y lograr que el sector privado quiera asumir parte del riesgo de la inversión', apuntó Rivera, quien no quiso confirmar que la incineradora propuesta sea la de Energy Answers en Arecibo.

Esta empresa pretende quemar más de 2,000 toneladas de basura diarias para producir más de 70 megavatios de electricidad. Ante la falta de financiamiento, la compañía solicitó asistencia financiera al Departamento de Agricultura federal. 'Si se pretende reducir la generación de residuos y fomentar la industria del reciclaje, construir una obra de este tipo es contradictorio', indicó el planificador Luis Jorge Rivera Herrera, quien ganó en 2016 Premio Goldman, conocido como el Premio Nobel Verde.

La consulta de ubicación que la Junta de Planificación dio a esta incineradora es condicionada, porque está propuesta para operar en un área inundable, ya que se encuentra en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo. Energy Answers necesita aclarar esta situación ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para poder obtener un permiso de construcción.

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